El PSOE de Granada cree que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo

Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre los avances que ha supuesto la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas del franquismo y el camino que queda por recorrer seis años después de la entrada en vigor de la ley. El debate, titulado ‘El PSOE y la Memoria Histórica’, se ha celebrado en el salón de actos de la ONCE de Granada y en el mismo han participado el diputado socialista en el Congreso José Andrés Torres Mora, que fue ponente de la ley de Memoria Histórica de 2007, el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, miembro del Grupo Provincial de Memoria Histórica del PSOE y la diputada provincial Fátima Gómez, que ha presentado el acto.

El diputado José Andrés Torres ha destacado que la Ley de Memoria Histórica es la “ley del reconocimiento de lo que sufrieron muchas personas”, que fueron asesinadas, encarceladas o que tuvieron que irse al exilio por defender los derechos y libertades. “Esta ley tenía como objetivo recuperar el honor público de esas personas inocentes que lucharon por sus ideales y que fueron asesinadas”, ha subrayado. También ha indicado que la ley perseguía facilitar el acceso a los archivos y a la documentación de la guerra y de la dictadura, por un lado, y por otro, recuperar los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes. “Seis años después de su entrada en vigor, vemos que no ha sucedido nada de lo que decían los que criticaban y se oponían a la Ley de Memoria Histórica, ha indicado José Andrés Torres, para quien la norma “no ha producido ningún daño y, en todo caso, ha hecho algún bien”.

El presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, por su parte, se ha referido a los avances la ley de 2007 “por lo que supuso de reparación moral para las víctimas”, pero también a sus limitaciones, entre ellas, que no se anularan las sentencias del franquismo. “Muchas de las víctimas no han encontrado el respaldo definitivo para la reparación de sus vidas y de su pensamiento”, ha añadido.

Además, ha indicado que se ha dejado como una “labor casi privada” la financiación de las exhumaciones y la búsqueda de los restos de las víctimas de la represión. “No hubo suficiente implicación del Estado en esas labores de localización y exhumación de las víctimas”, ha precisado. En su opinión, “muchas de las víctimas siguen siendo potencialmente delincuentes, porque se ha dado un reconocimiento de ilegitimidad a las condenas pero no se han anulado y, por lo tanto, las sentencias siguen vivas”.

Al referirse a los límites de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo. “El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU nos ha puesto los deberes al indicar que deberíamos anular la Ley de Amnistía de 1977, seguir investigando en los juzgados y conseguir la anulación de las sentencias”, ha matizado. Para Gil Bracero, “mientras no sean anuladas esas sentencias, los que dieron su vida por el socialismo, por el anarquismo y por las libertades, siguen siendo unos delincuentes y eso no lo podemos tolerar casi 80 años después de la República y después de seis años de experiencia de la Ley de memoria Histórica”.