Se reanuda este miércoles la vista contra el alcalde de Otura y su antecesor por prevaricación

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada reanuda este miércoles el juicio contra el actual alcalde de Otura, el ‘popular’ Pedro Cabanillas, y su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, por posible prevaricación administrativa en la compra de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.

En la primera sesión del juicio, el pasado día 3, tanto Cabanillas como Fernández-Sanz defendieron la legalidad de la operación, por la que también se sientan en el banquillo de los acusados tres ediles de la anterior corporación, del Grupo Independiente de Otura (GIO), entre ellos el que fuera su portavoz, Eduardo Anguita, dos exediles del PP, y la actual concejal María Dolores Dobaño.

Este miércoles, la jornada se dedicará a las restantes pruebas testificales que quedan por presentar, que se harán en este caso por vídeo-conferencia, con lo que, tras las conclusiones y el informe de Fiscalía, acusación popular –PSOE– y defensas, se prevé que el juicio quede visto para sentencia.

La operación, que se remonta al mes de septiembre de 2007, fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió de su cargo tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores, y que abandonó las filas del PP incorporándose a las de ‘Populares en Libertad’ (PPL), de cuya presidencia dimitió recientemente por motivos personales.

La Fiscalía pide para los ocho procesados ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, que comprende la privación del cargo de alcalde y de concejal, y que entre todos hagan frente a la indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Otura de 129.807,91 euros, que es el resultante de la diferencia entre el valor del mercado del solar, y el precio final de adquisición (348.000 euros). Además, el Ministerio Fiscal solicita “la nulidad” del pleno municipal del 28 de septiembre de 2007 en el que el equipo de gobierno aprobó el expediente para la adquisición del solar.

A esta últimas peticiones también se suma el PSOE, personado como acusación en el proceso, en el que eleva a diez años su solicitud de inhabilitación al exalcalde, y mantiene la de ocho para el resto.

Durante su comparecencia ante el Juzgado el pasado día 3, Fernández-Sanz recordó que fue precisamente el PSOE el que interpuso la denuncia que ha dado lugar al procedimiento, que atribuyó por tanto a un “tema político” alimentado además por el entonces secretario de la corporación, que redactó un informe contrario a la compra del solar, y con el que el equipo de gobierno mantenía “diferencias y discrepancias”.

AMPLIACIÓN “NECESARIA”

Según el exregidor, en aquel momento era “necesaria” una ampliación del Ayuntamiento, que había sufrido una inundación que había dejado en condiciones precarias algunas de sus dependencias. Por eso inició conversaciones con el propietario de un solar contiguo que, en una primera reunión, le ofreció 188 metros cuadrados de suelo a 900.000 euros, lo que le pareció al alcalde una cantidad “desorbitada” que le llevó a desecharla.

Después, también negoció con una empresa que también poseía otro solar anexo, que, aunque en un principio reclamaba 420.000 euros, finalmente aceptó vender los 300 metros cuadrados de los que disponía a 300.000 euros (348.000 con impuestos), una propuesta que Fernández-Sanz consideró “razonable”, y por la que se inició el proceso de adquisición.

Sobre el asunto dictaron informes tres técnicos, el arquitecto técnico municipal, que tasó el terreno en unos 188.000 euros, la interventora, que alertó de que no existía consignación presupuestaria suficiente, y el secretario, que puso en cuestión el origen de los fondos que iban a ser empleados para la adquisición que, en su opinión, debían destinarse a patrimonio municipal de suelo.

Sobre el asunto de la tasación, el entonces alcalde indicó que se hizo atendiendo a una valoración “subjetiva” que no se correspondía con la realidad de entonces, cuando aún no había estallado la crisis inmobiliaria, y, en cuanto a los dos informes restantes, sostuvo que esos reparos fueron “subsanados”, con lo que la operación se llevó a pleno y se aprobó con los votos del equipo de gobierno y del GIO, con el que tenía acuerdos puntuales.

“Yo no me puedo poner de acuerdo para prevaricar con otras siete personas, es absurdo”, dijo en el Juzgado Fernández-Sanz, quien además incidió en que ya anteriores corporaciones, formadas por PSOE e IU, se intentó comprar un solar adyacente para la ampliación de la Casa Consistorial.

EL ACTUAL ALCALDE

El actual alcalde, entonces concejal de Economía, Pedro Cabanillas, relató que esa necesidad de ampliación, que aún no se ha llevado a cabo, sigue estando vigente, e indicó que, en su opinión, las obras no se han ejecutado porque las circunstancias económicas del Ayuntamiento de Otura, como las de tantos otros municipios, cambiaron a raíz de 2008, con la crisis económica. “En todo momento y actualmente considero que se estaba actuando legalmente”, mantuvo la pasada semana el regidor, quien además apuntó, en cuanto a los informes de los técnicos, que estos eran preceptivos pero no vinculantes.

En la misma línea se pronunciaron el resto de los ediles o exediles imputados, que consideraron “razonable” el precio de compra del solar y que no tuvieron nunca percepción de que estuvieran cometiendo un delito. Además, el que fuera protavoz del GIO, Eduardo Anguita, que llevaba de concejal en el Ayuntamiento desde 1986, reiteró que la ampliación del Ayuntamiento sigue siendo necesaria y que ya se trató con la corporación anterior al PP.