Mantienen la petición de inhabilitación para alcalde de Otura y su antecesor

El Ministerio Público ha mantenido hoy la petición de ocho años de inhabilitación para el alcalde de Otura (Granada), Pedro Cabanillas (PP), su antecesor Ignacio Fernández Sanz y otros seis acusados de un delito de prevaricación por la compra de un edificio para ampliar el ayuntamiento.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha celebrado hoy la última sesión del juicio contra el alcalde de Otura y su antecesor por la presunta autoría de un delito de prevaricación junto a otros dos concejales del PP, una exedil del mismo partido y tres exconcejales del grupo independiente GIO.

La Fiscalía ha mantenido la calificación de los hechos y la petición de ocho años de inhabilitación al considerar que los acusados aprobaron en pleno la compra de un solar para ampliar la sede consistorial por 300.000 euros frente a posibilidades más económicas.

Los hechos ocurrieron hace seis años, cuando era alcalde por el PP Ignacio Fernández Sanz, que en octubre de 2012 dimitió después de que parte de su equipo de gobierno denunciara supuestas facturas falsas, y el actual alcalde, Pedro Cabanillas, era el responsable de Economía y Hacienda.

La compra contó con informes técnicos que ponían reparo a la operación al considerar que el valor real del inmueble era inferior al aceptado por el consistorio y que la tramitación fue inadecuada porque los fondos procedían de acuerdos urbanísticos que la legislación impedía dedicar a este fin.

En la sesión de hoy ha declarado el abogado que asesoró al entonces alcalde sobre la legalidad de la operación, que ha ratificado que interpretó que los fondos se podían destinar a la compra del inmueble porque se ingresaron de manera previa a un cambio de la normativa.

También ha declarado la perito que tasó el edificio adquirido en el pleno en 380.000 euros, un precio superior al acordado entre las partes, y el propietario de otro inmueble adyacente al ayuntamiento.

La Fiscalía y la acusación particular, que partió de una denuncia del PSOE en el municipio, han mantenido la acusación.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los letrados de los ocho acusados han solicitado la libre absolución al considerar que la compra se aprobó en pleno sin intención alguna de prevaricar, al considerar que la operación era legal y necesaria y que el precio se ajustaba al mercado en el momento de los hechos.

Tanto Cabanillas como Fernández Sanz se declararon inocentes durante la primera jornada de juicio y consideraron que la denuncia por prevaricación respondía a cuestiones políticas