IU sostiene que la tasa de tratamiento de residuos carga el coste del servicio sobre las rentas más bajas

IU declara “injusta” la tasa sobre la prestación del servicio de tratamiento de residuos de la provincia al considerar, entre otros puntos, que “el conjunto de las viviendas más pobres contribuirán más que las más ricas”, y por no penalizar a las empresas más contaminantes.

El grupo de IU en la diputación provincial denuncia que la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de tratamiento de residuos municipales de la provincia “incumple criterios básicos de justicia e igualdad, de asignación del principio `Quien contamina, paga´ y de incorporación de costes no imputables a la misma”. Por todo ello, el diputado de IU, Antonio Molina, registró ayer en Diputación las alegaciones a la mencionada ordenanza fiscal provincial, de la misma manera que los distintos representantes municipales de la organización procederán a hacer en sus respectivos ayuntamientos.

Entre los principales argumentos para alegar en contra destaca que “la Ordenanza hace recaer sobre las rentas más bajas el peso del coste del sistema bajo una apariencia de progresividad”. Basada en una asignación de cuotas crecientes en función del valor catastral del inmueble, “la asignación se convierte en injusta al carecer de linealidad”, según explica Antonio Molina.

Si bien el valor de la tasa oscila entre 10 y 50 euros, lo que supone una horquilla de la tasa de cinco veces (de 10 a 50 euros), se reconocen diez tramos de valores catastrales: entre menos de 6000 € y más de 300.000 €, lo que arroja una horquilla para el valor catastral de al menos 50 veces. “Así una vivienda de 300.000 € pagará 50 €, esto es, un euro por cada 6000 euros de valor catastral, mientras que los tramos más bajos pagarán 10 € por el mismo valor, 6000 euros, es decir, diez veces más que los más ricos”, tal y como mantiene el diputado, y concluye que “de este modo, el conjunto de las viviendas más pobres contribuirán más que las más ricas”.

Idéntico caso sucede con las tasas aplicadas a establecimientos comerciales e industria, ya que la tasa máxima ha sido fijada en 50 euros, a pesar de que la producción de residuos de pequeñas empresas y autónomos nada tenga que ver con la de grandes superficies, hoteles o centros de distribución. Para IU la “desproporcionalidad y la injusticia” vuelven a hacerse patentes pues “la tasa no solo carga en las viviendas de las clases populares los costes de las más ricas, sino que además les transfiere los costes de las grandes empresas”, ya que la contribución del segmento comercial, industrial y servicios constituye solo el 10% del total.

Con todo, IU concluye que, además de tratarse de una tasa que transfiere las cargas impositivas a las rentas más bajas, “resulta ineficaz ambientalmente ya que no incluye ningún tipo de mecanismo que recompense o penalice el cumplimiento de los objetivos de separación en origen o reducción de la producción de residuos”.

Además, en el pliego de alegaciones se denuncia que tanto el mecanismo de cobro como la incorporación de ciertos costes en la cuota tributaria “no se ajustan a derecho”.