Al TC contra la reforma local

Alcaldes socialistas de la provincia presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local

Alcaldes socialistas de la provincia de Granada presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local, aprobada definitivamente el pasado jueves por el Gobierno del PP en solitario.

Así lo han anunciado este lunes la secretaria de Organización del PSOE y diputada, Elvira Ramón, y el secretario de Política Municipal y alcalde de Maracena, Noel López, quienes han señalado que los regidores socialistas acudirán al Tribunal Constitucional utilizando la vía de la autodefensa de la autonomía local para protegerse frente a “la agresión que supone esta ley”.

En la comparecencia, Ramón ha afirmado que la reforma supone un “ataque frontal a los alcaldes y concejales” y ha considerado “que afecta fundamentalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, al 95 por ciento de los ayuntamientos de Granada”. “Sus competencias pasarán a las Diputaciones, que privatizarán los servicios básicos municipales y encarecerán los precios”, ha precisado.

Según Ramón, “la ley acaba con el municipalismo y traerá más desigualdad, la pérdida de servicios básicos y más paro a la provincia, puesto que la reforma va a provocar unos cinco mil despidos en los ayuntamientos de la provincia”. En su opinión, “la ley afecta a las competencias más importantes de los ayuntamientos, a la dependencia, tan fundamental para tantas personas, a la ayuda a domicilio, a la igualdad, lo que obligará a cerrar centros de la mujer, a la educación, a la juventud y a la cultura”.

La diputada socialista ha subrayado que el PSOE “no se va a quedar cruzado de brazos ante la agresión que supone la ley”, que los socialistas derogarán en cuanto lleguen al Gobierno. También ha destacado que el PSOE está trabajando para pararla utilizando tres vías: presentando un recurso suscrito por 50 diputados o 50 senadores por el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local, presentando recursos los gobiernos de las comunidades autónomas, como ha anunciado la Junta de Andalucía, y utilizando la vía de autodefensa de la autonomía local por parte de los ayuntamientos.

En este último caso, ha añadido Elvira Ramón, el recurso precisa de un séptimo de los ayuntamientos que supongan un sexto de la población. Así, según ha explicado, tendrían que suscribirlo 1.160 ayuntamientos del país que representen a más de siete millones y medio de españoles y, en el caso de la provincia de Granada, tendrían que hacerlo 25 municipios que sumen 150.000 habitantes.

DESPIDOS

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE, Noel López, ha destacado que la reforma local “aprobada por el PP, en contra de todas las fuerzas políticas y de amplios sectores de la sociedad, no cumple con las necesidades de financiación, transparencia y cercanía de los municipios”.

“Es una ley que va en contra del poder municipalista, pero sobre todo del poder real de la democracia, que va a generar más de 5.000 despidos en la provincia, de los que será responsable el presidente provincial del PP”, ha precisado.

A juicio de Noel López, “la ley quita competencias a las administraciones elegidas por los ciudadanos, que son los municipios, y las pasa a las diputaciones sin establecer una delimitación realista de esas competencias”, ha indicado el representante socialista, quien se ha referido a “los graves efectos” que tendrá esa medida para los ayuntamientos habida cuenta de la “gestión arbitraria” que realiza el PP en las diputaciones, como ocurre a su juicio en la institución provincial granadina.

La reforma, además, va a generar a su entender fricciones entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas “por la imposibilidad de conveniar la prestación de los servicios sociales, sanidad y educación que ahora prestan los ayuntamientos cuando las comunidades están asfixiadas por la falta de financiación estatal, el techo de gasto y los planes de ajuste”.

“A partir de ahora permitirán a los ayuntamientos vender suelo municipal si acumulan deudas financieras a devolver en diez años”, ha explicado Noel López, quien ha mostrado su preocupación por esta medida, que considera “una patada hacia adelante en la financiación y en la situación económica de los ayuntamientos”. “¿Qué garantías nos da esta medida en los ayuntamientos que están en manos del PP cuando nos tiene acostumbrados a acciones de venta de suelo que, en algunos casos, ni siquiera son propiedad de la institución, como ha hecho el ayuntamiento de Granada capital?”, se ha preguntado.

El secretario de Política Municipal ha recalcado que el PP ha decidido demorar la aplicación de los aspectos más polémicos de la ley.

Así, ha precisado que la pérdida de competencias de los servicios sociales municipales no entrará en vigor hasta diciembre de 2015, lo que ha relacionado con las elecciones municipales que se celebran en mayo de ese año. La ley también establece un plazo de cinco años para la entrada en vigor de la pérdida de competencias en educación y sanidad “con la estrategia de alejar sus consecuencias de la ciudadanía”, ha añadido.

“Los ciudadanos percibirán la eliminación de servicios porque miles de personas se verán perjudicadas con la aplicación de la ley con la que el PP quiere eliminar la democracia local y que supone un retroceso a la etapa preconstitucional”, ha concluido Noel López.