El PSOE acusa a Diputación de “expulsar” a cientos de usuarios de la ayuda a domicilio y de imponer despidos

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha asegurado este lunes que la nueva reordenación territorial de los servicios de ayuda a domicilio promovida por el gobierno provincial (PP) “provocará la expulsión de cientos de usuarios del sistema y el despido de decenas de profesionales que desempeñan actualmente su labor en ayuntamientos de toda la provincia”.

La diputada socialista Fátima Gómez ha denunciado en rueda de prensa que la nueva reorganización, llevada a cabo “con nocturnidad y alevosía” y sin considerar las necesidades de cada localidad o comarca, “dejará al margen del sistema a centenares de familias al distribuir los recursos disponibles de manera totalmente “arbitraria” y sin atender a los municipios. De esta manera, habrá profesionales que se encontrarán sin personas a las que atender, por lo que serán despedidos, ha señalado la representante socialista.

Los socialistas critican que los cambios en el servicio se anuncien además a 30 de diciembre para su entrada en vigor a partir del 1 de enero. “No han ofrecido ninguna explicación a usuarios ni a trabajadores ni a los propios alcaldes”, ha denunciado Gómez, quien ha tachado de “auténtica barbaridad y de burla a los ayuntamientos” la nueva medida que supone, a su juicio, “un mazazo” para los servicios sociales de la provincia.

“Se trata de una deslealtad absoluta a usuarios y trabajadores, y una falta de respeto a los ayuntamientos, que evidencia que la diputada responsable de Bienestar Social, Marta Nievas, no está legitimada para seguir gestionando este área”, ha denunciado la diputada socialista. Desde el PSOE han instado al gobierno del PP en la Diputación a que convoque de inmediato a todos los alcaldes para explicar “qué está haciendo y por qué” y para que explique a los usuarios la razones por las que ya no dispondrán del servicio de ayuda a domicilio.

Fátima Gómez ha acusado al PP de “sacar a relucir su cara más neoliberal para recortar y hacer desaparecer áreas como ésta, en las que no cree”. “Sebastián Pérez se llena la boca afirmando que los servicios sociales son el corazón de la institución cuando su gobierno sólo se dedica a pegar hachazos en este ámbito, ha agregado.

DESPIDOS Y DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES

Fátima Gómez ha denunciado además que la Diputación deberá desembolsar 300.000 euros por los despidos “injustificados” que llevó a cabo en el área de servicios sociales el año pasado. Una cifra que se suma a las indemnizaciones por valor de 200.000 euros por los despidos improcedentes del personal del Centro de Desarrollo Pesquero de Motril. “He aquí los ejemplos prácticos del curso que organizó hace unos meses el CEMCI para enseñar a los ayuntamientos a despedir”, ha lamentado la diputada.

Gómez ha criticado además que la pésima gestión económica que está llevando a cabo el Partido Popular provocará la devolución del dinero de subvenciones autonómicas concedidas por la Junta. La diputada provincial ha informado de que la Diputación tendrá que devolver 19.500 euros de una subvención destinada a asistencia a inmigrantes y otra de 3.251 euros para atención a familias con menores al no acometer estas actuaciones.

Una decisión “bochornosa” que, a juicio de la diputada socialista, evidencia que a la Diputación “no le interesan los programas de servicios sociales”.

La representante socialista ha lamentado además que la diputada responsable del área “no se haya leído la Ley de Dependencia al atribuir continuamente todas sus competencias a la Junta de Andalucía y obviar las responsabilidades del Estado y de otras administraciones y ha aludido también al balance negro de la Corporación granadina en este ámbito”.

En este sentido, ha dicho que a los 35 profesionales despedidos el año pasado, se suman decisiones como la de hacer desaparecer el Plan Concertado, la de convertir la teleasistencia en “un servicio VIP”, la eliminación de la convocatoria de ayudas públicas para las asociaciones, la supresión de los encuentros de mayores y la desidia demostrada hacia el Centro de Drogodependencias, “un lugar de referencia que se ha convertido en un chiringuito del PP y donde la Diputación no aporta un solo euro”.

La diputada socialista ha acusado al gobierno de la Diputación de dejar morir a los servicios sociales por no aportar financiación y de dar la espalda a los ayuntamientos en este ámbito.

De hecho, ha asegurado que los anteriores gobiernos en la Corporación venían apostando por los servicios sociales desde hace años con muchos millones de euros, una partidas “que se han venido reduciendo en los últimos dos años hasta quedar reducidas a menos de dos millones para este año dentro de un presupuesto provincial que alcanza casi los 250 millones de euros”.