La Diputación de Granada ha asegurado este viernes que mantiene el mismo presupuesto que en 2013 para la prestación básica de ayuda a domicilio, que seguirá beneficiando a unos 700 usuarios de toda la provincia, respondiendo así a las críticas del grupo socialista, que ha acusado a la administración provincial de “sumir en el caos y en la incertidumbre” este servicio al decidir “de manera totalmente unilateral y a espaldas a los ayuntamientos” su reordenación.
En un comunicado, la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha puntualizado, en este sentido, que “el grupo provincial socialista busca titulares asustando a los mayores y utilizando a los más débiles” cuando “lo que debería de hacer es protestar ante sus compañeros que gobiernan en la Junta de Andalucía porque son ellos los que tienen sumida en la parálisis más absoluta a la Ley de Dependencia en la provincia desde hace más de un año”.
“Que se aparten por un momento de la demagogia, si es que pueden, y expliquen a los granadinos cómo son capaces de sostener que dejamos sin prestación a los usuarios cuando vamos a atender a los mismos que el año pasado” ya que “una de las claves de la política presupuestaria de la Diputación para este ejercicio ha sido mantener todas las partidas de la delegación de Familia y Bienestar Social”, ha reseñado Marta Nievas.
“El problema que tiene la provincia de Granada es, por una parte, los 1.800 usuarios que se quedan sin la ayuda a domicilio por la finalización del decreto andaluz de exclusión social y, por otra parte, el bloqueo al que la Junta de Andalucía ha condenado en Granada a la Ley de Dependencia que resolvió un solo caso de ayuda a domicilio en la provincia en todo el año 2013”, ha continuado Nievas.
Por ello, la diputada de Familia ha exigido al PSOE que “cese en su campaña de mentiras y haga algo por las 1.800 personas que la Junta de Andalucía deja sin prestaciones por la finalización del decreto de exclusión social”.
Marta Nievas ha insistido en que “desde la Diputación estamos a la espera de que la Junta abra una línea de ayuda a domicilio para no dejar tirados a estos 1.800 usuarios que han venido recibiendo el servicio los últimos meses” cuando “ahora la Junta los ha abandonado y a estas alturas aún no sabemos nada”.
Esta situación “sí que está causando alarma entre los alcaldes y concejales de la provincia que llaman todos los días a nuestras oficinas” más allá “de las consignas políticas que a muchos pretenden imponerles sus formaciones políticas, que desde sus despachos de la Junta en Sevilla, no se enteran de lo mal que lo están pasando los dependientes en los pueblos granadinos por la nefasta gestión del PSOE”, ha remachado Nievas.
En este sentido, la diputada ha defendido haber recibido tanto a representantes de la oposición en Diputación como a alcaldes de todos los signos políticos para exponerles “claramente que no ha habido ninguna reorganización en el servicio” dependiente de la Institución Provincial que va a seguir dando la prestación básica de ayuda a domicilio tal y como está establecida en la orden de la Junta de Andalucía, del 15 de noviembre del 2007, en su artículo 8 la cual regula el acceso de las personas a este servicio, un total de aproximadamente setecientas personas en la provincia de Granada, las mismas que en 2013.
Además, ha considerado que el PSOE en la Diputación debería “conocer los procedimientos y saber que, cada seis meses, hay que hacer nuevas valoraciones sobre el estado de los usuarios, que en algunos casos mejora y en otros empeora”.
En virtud de ello, ha proseguido Marta Nievas, “los trabajadores sociales son los que hacen las valoraciones oportunas y por tanto las puntaciones” para las prestaciones que han de recibir los usuarios.
“Desgraciadamente, al PSOE parece molestarle que apliquemos las leyes, porque en eso quienes hoy formamos parte del Gobierno de la Diputación somos radicalmente distintos a ellos que nunca se han distinguido precisamente por su cumplimiento escrupuloso de la legislación”, ha concluido Nievas que apostado por seguir trabajando en la línea de articular con responsables municipales y técnicos “propuestas serias para lograr entre todos que la Junta de Andalucía se comprometa con hechos con las políticas sociales y la Ley de Dependencia en la provincia de Granada”.