La parlamentaria andaluza de IU, María del Carmen Pérez, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía que dé una solución “urgente” a los “colapsos” en los registros civiles de la provincia de Granada, al considerar que “las colas en estas oficinas no sólo suponen un problema para los usuarios, que no pueden ser atendidos correctamente, sino también para los propios trabajadores, que no pueden sacar adelante los numerosos expedientes”.
La solución para este “caos”, asegura Pérez, “es clara”, pues a su juicio “bastaría con reanudar el servicio por la tarde, el cual se suprimió teniendo dotación presupuestaria y consenso con todas las partes implicadas”.
La parlamentaria de la federación de izquierdas ha recordado en un comunicado, además, que su grupo parlamentario ya mostró su disconformidad en febrero del año pasado, fecha en la que se anunció el cierre de los registros civiles por la tarde, a través de una pregunta formulada ante la Consejería de Justicia e Interior.
En dicha pregunta, IU solicitaba al Gobierno andaluz que aclarase los motivos que habían provocado la supresión del servicio, “si había existido alguna negociación con los representantes de los trabajadores y si se estaba realizando algún estudio del impacto que la medida estaba teniendo sobre los registros civiles”.
Según la parlamentaria, la situación actual de colapso contradice las palabras del consejero Emilio De Llera quien, en sesión parlamentaria, y a la respuesta de IU, “trató de justificar la medida de la Junta poniendo de manifiesto la escasa afluencia de usuarios por las tardes”.
Para Pérez “resulta más que evidente que la adopción de esta medida ha sido un fiasco, pues ha sobrecargado de forma extraordinaria esta administración”.
Por otro lado, IU recuerda que “el Registro Civil es un servicio público en el que deben de primar tanto los derechos de los usuarios como los derechos de los trabajadores, que ofrezca un servicio de calidad, ágil y que resuelva todas las demandas con celeridad”.
Asimismo, la coalición aboga por mantener un servicio “que resultó ser pionero”, y considera que no se puede “permitir que en Andalucía se siga la misma senda que en comunidades gobernadas por el PP en las que se están debilitando y desmantelando los servicios públicos”.