Los jueces de Granada no descartan una huelga en protesta por las medidas del ministro Gallardón

Los jueces de Granada no descartan volver a secundar una huelga en protesta por las últimas medidas que está adoptando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre ellas la ley de tasas, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que entienden que podría conllevar una reducción de su independencia, o la posible puesta en marcha de tribunales provinciales de instancia.

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez, quien, en la línea de lo que ya han expresado otros decanos de Andalucía, considera que los jueces están sufriendo actualmente una crisis de credibilidad, precisamente por las “injerencias” de los partidos en el máximo órgano de gobierno de los jueces, concretamente en la elección de los vocales.

“El PP llevaba en su programa electoral una reforma que es la que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo por los jueces, que los vocales sean elegidos por los propios jueces. Y una vez en el poder, ha optado por continuar en la misma línea que anteriores gobiernos de otro signo. Es más, se ha producido una reforma del CGPJ que ha ahondado en esta situación de injerencia política por parte de los partidos en el máximo órgano de gobierno de los jueces”, ha señalado.

De hecho, según ha incidido, en el último proceso de renovación del CGPJ “hemos visto muy claramente cómo los partidos se han puesto de acuerdo de forma previa en quiénes debían ser elegidos como vocales del consejo, y se ha hecho una especie de paripé en el trámite que debía seguirse en el parlamento”. Asimismo, e “incumpliendo lo que prevé la propia ley orgánica del poder judicial, los partidos han elegido al presidente del consejo, ya mucho antes de que se reunieran por primera vez los vocales designados”.

“Esto da una imagen de cara a la ciudadanía de falta de independencia del máximo órgano de los jueces. Por eso los jueces lo que reclamamos es que haya una elección de los vocales elegidos por los propios jueces. Consideramos que en la situación actual es la única fórmula posible para que el CGPJ pueda ser totalmente independiente y defender de forma efectiva la independencia de los jueces”, ha apuntado.

Por otra parte, Rodríguez ve además “rechazable” algunos de los puntos contenidos en el borrador que actualmente maneja el Gobierno con respecto a los tribunales de instancia, porque, por ejemplo, “no se especifica de forma suficiente el régimen de la movilidad o disponibilidad de los jueces que integran ese tribunal de instancia tanto desde el punto de vista funcional como geográfico”.

“LOS ÚNICOS VESTIGIOS DE REPRESENTACIÓN DIRECTA DEMOCRÁTICA”

Así, aun siendo un modelo que los jueces venían propugnando desde hace tiempo, no ha sido acogido de buena gana por el sector, puesto que además “elimina los únicos vestigios de representación directa democrática en la carrera judicial”: las juntas de jueces y la elección de los jueces decanos.

“Se quiere sustituir esa figura del juez decano por un presidente del tribunal de instancia, que no sería elegido democráticamente y de forma directa por los compañeros sino directamente por el CGPJ, que consideramos que es negativo”, ha mantenido el juez decano de Granada, que además recuerda las inversiones que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en los últimos años en la provincia de Granada en nuevas sedes y en renovación de las actuales.

La propuesta implicaría que todos los jueces de los pueblos pasarían a ser jueces del tribunal de instancia, bien en la jurisdicción civil o penal y los que ya se encuentran en Granada integrarían un mismo tribunal de instancia en lo social, contencioso, penal, etcétera. Además, se suprimirían las audiencias provinciales, y en el TSJA habría cuatro salas. En la provincia, según cálculos del juez decano, supondría el traslado de más de una veintena de jueces y magistrados (con sus correspondientes secretarios y equipos de funcionarios).

Otra de las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno que el juez decano ve rechazables es la ley de tasas, porque, en su opinión, las cuantías impuestas son “absolutamente desproporcionadas y suponen un verdadero freno al acceso a la justicia”. Las tasas, según ha dicho, han afectado principalmente a la clase media, porque aquellos que carecen de medios pueden acudir al beneficio de la justicia gratuita y “aquellos que tienen medios de sobra, las tasas no le suponen ningún obstáculo”.

“A las clases medias el hecho de que se le imponga una tasa para acudir a un contencioso o a primera instancia a veces sí puede impedir realmente que puedan pedir el amparo de los tribunales. Eso es un despropósito, las tasas tal y como están planteadas son totalmente desproporcionadas e injustas”, ha advertido.

Desde su puesta en marcha, los juzgados de primera instancia de Granada han experimentado una reducción del 10 por ciento en el número de asuntos, y del 50 por ciento en el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa (que, además de con la ley de tasas, ha cambiado la imposición de costas).