IU pide que el Ayuntamiento multe a bancos y entidades financieras que acumulan viviendas vacías en la ciudad

El portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha pedido al Gobierno municipal del PP “que siga el ejemplo de otros ayuntamientos como el de Tarrasa y que multe a aquellos bancos y entidades financieras que acumulan viviendas vacías en la ciudad de Granada y que no se ponen en alquiler social, para así acabar con la especulación inmobiliaria”.

Según explica el edil de la formación de izquierdas en una nota, ayuntamientos como el de la localidad de Tarrasa han aplicado multas, de 5.000 euros por vivienda, a aquellos bancos que mantienen viviendas vacías y no facilitan su alquiler como vivienda social. Ademáss Puentedura señala que esta medida es acorde con lo que señala el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales “que permite la aplicación de recargos y sanciones a las miles de viviendas vacías que hay en la ciudad que se encuentran en manos de entidades financieras” algo que también permite la Ley andaluza Antidesahucios.

Izquierda Unida justifica esta medida en el hecho de que la actual crisis financiera está provocando el “empobrecimiento de amplias capas de la población privadas de derecho al trabajo”. Este empobrecimiento, señala Puentedura, “lleva aparejado el que centenares de familias en la ciudad de Granada se hayan visto desposeídas de su vivienda habitual, como consecuencia de una ley hipotecaria injusta y de la codicia del sistema financiero”.

De este modo, el portavoz municipal de IU denuncia “que una vez embargadas estas viviendas quedan en manos de las entidades financieras que prefieren mantenerlas desocupadas antes que facilitar el uso por los antiguos propietarios mediante su alquiler a precio razonable”.

Igualmente, critica IU, “la vivienda queda convertida únicamente en mercancía y deja de responder a los intereses de la ciudadanía convirtiéndose en un objeto para la especulación de los bancos”. Es por ello que Puentedura ha señalado “que el Ayuntamiento de Granada no puede quedar impasible ante esta situación tan injusta que ha afectado a miles de granadinos en los últimos años y debemos tomar medidas para que estos inmuebles vacíos recuperen su función social encaminado a garantizar el derecho constitucional a la vivienda”.

Para ello el portavoz municipal de Izquierda Unida propone, que en cumplimiento del artículo 77.5 de la citada Ley de Haciendas Locales y en cumplimiento de la Ley Andaluza para la Función Social de la Vivienda, el Ayuntamiento apruebe un reglamento municipal que determine las condiciones para la declaración de una vivienda vacía y la elaboración de un censo detallado de estas viviendas en la ciudad.

En este sentido, Puentedura espera que el Ayuntamiento tome en cuenta los datos recogidos en el Plan Municipal de Vivienda que señalan más de 15.000 en la ciudad, y los datos de Emasagra, sobre aquellas viviendas que no tienen consumo de agua durante más de un año.

Este reglamento “está dirigido a penalizar la desocupación de viviendas en la ciudad que están en manos de grandes propietarios y entidades financieras que especulan con ellas” señala Puentedura, quien indica que a esta medida “no afecta a aquellas viviendas habituales de particulares ni aquellas que por razones de salud o situación de dependencia, trabajo de sus propietarios o por estar en disputa su propiedad, por temas relativos a herencias, pueden estar desocupadas durante largos periodos de tiempo”.

EL PRIMER AÑO, DOS MILLONES DE RECAUDACIÓN

Según un estudio hecho por el grupo municipal de Izquierda Unida, la puesta en marcha de estas medidas podría suponer el que en los primeros años de su funcionamiento miles de viviendas vacías de la ciudad se pusiesen en alquiler, reduciendo por tanto el precio de los mismos, y que el Ayuntamiento recaudase el primer año una cantidad cercana a los 2 millones de euros.

Es por ello que Puentedura propone “que las cantidades procedentes de estas sanciones a bancos y entidades financieras sean destinadas a un plan de ayuda y asistencia a las familias desahuciadas o en peligro de desahucio y a la creación de un programa de rehabilitación de infravivienda vinculando estas ayudas a la creación de un parque de viviendas en alquiler social”.

Para crear este parque de viviendas sociales, Puentedura exige que el Ayuntamiento ponga a disposición las viviendas de titularidad municipal que están vacías. “La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) cuenta con más de 60 viviendas desocupadas” afirma Puentedura lo cual, a su juicio, “es indecente cuando centenares de familias de Granada se ven en la calle porque son desahuciadas”.