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Los impagos de la Junta a la Fiscalía
Promotores de vivienda protegida denuncian en la Fiscalía impago de la Junta
Promotores de Granada, Sevilla y Almería han solicitado a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue el destino dado por la Junta a 11 millones de euros de fondos para subvenciones del Estado que iban dirigidos a construir vivienda protegida y que, más de dos años después, no se han abonado.
El sector censura que el Gobierno andaluz no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificó haber abonado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que ésta las pagara a los beneficiarios, ha informado la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada en una nota.
Los promotores están representados por las organizaciones empresariales ACP Granada, ACP Almería y Gaesco.
Se trata, según los promotores, de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 cuyos fondos parten originalmente del Ministerio de Fomento.
El Ministerio, una vez conocidos los expedientes, abona las cuantías correspondientes a la Junta, que es la que debe transferirlas al promotor para la construcción de inmuebles, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra.
Según los promotores, este proceso se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el 2010, pero a partir de ese año, denuncian, las subvenciones no han sido abonadas por la Junta de Andalucía.
Los promotores han optado por presentar la denuncia ante “la desesperación de un sector acuciado por la crisis”, que pese a las condiciones financieras “adversas” ha ejecutado viviendas protegidas en Andalucía a precios prefijados y subvencionados.
Esos precios por debajo de coste, explican, solo son posibles con las subvenciones, que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras, muchas de ellas pequeños negocios familiares, “en situación de estrangulamiento financiero próximo a la quiebra”.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía en cumplimiento del anuncio realizado el pasado mes de noviembre por las organizaciones de promotores y después de haber agotado la vía administrativa “tras más de veinte reclamaciones desde el año 2011”.
Los promotores solicitan a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos o gestión fraudulenta de subvenciones.
El sector recrimina a la Junta que no haya aprovechado en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para saldar las deudas pendientes.
Según los promotores, los casos denunciados, que ascienden a 11 millones de euros, no son los únicos, ya que calculan que hay expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros.
