El sindicato CSIF ha solicitado por escrito al consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, una reunión “formal urgente” para analizar diversos temas de del sector, ante la “situación de inestabilidad” que, en opinión de este colectivo, sufre la justicia en la comunidad.
En concreto, el escrito en el que CSIF Andalucía le solicita el encuentro señala como “prioritario” analizar las consecuencias que, para los derechos y las condiciones sociolaborales de los funcionarios de Justicia, tendrá la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado martes.
Como ya indicó CSIF, dicha implantación afectará gravemente a las condiciones que viven los funcionarios y no supondrá una ampliación de plantillas en una justicia “ya de por sí colapsada y con graves problemas de aglomeración de casos”.
CSIF indica además en el escrito presentado que quiere saber “de primera mano” la posición de la Consejería de Justicia e Interior en la extensión de una sentencia favorable obtenida por un afiliado de Sevilla sobre la devolución del abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
El sindicato ha recordado que un afiliado recurrió el recorte de la paga extra de diciembre de 2012 ejecutada por el Gobierno central y, tras el juicio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla le dio la razón.
Ahora, dos meses después, la Junta, que debe abonar dicha cantidad tras reclamarla al Gobierno central, no ha iniciado los trámites correspondientes para ejecutar dicha sentencia.
Por último, el escrito también pide información sobre la nueva orden de interinos de Justicia, las comisiones de servicio y la recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios judiciales por el Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía aprobado en mayo de 2012.
El Sector de Justicia de CSIF Andalucía espera recibir en breve tiempo contestación y cita para reunirse con el consejero y así poder trasladarle todas sus preocupaciones y obtener la visión y la postura de la Consejería sobre la “grave situación” que vive la justicia en Andalucía.