La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social, María José Sánchez, ha considerado “una crueldad más” del Gobierno hacia los colectivos más vulnerables el recurso presentado por el Ejecutivo contra la ley de la Función Social de la Vivienda y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Sánchez ha criticado que el recurso se acompañara además de una petición de paralización cautelar, porque esa circunstancia “afecta a familias con nombres y apellidos”.
La Junta, que recurrirá la decisión del TC al considerar que la ley no está en un supuesto de inconstitucionalidad, ha advertido de que mientras se resuelve “se van a ver lesionados los derechos de muchas personas que difícilmente se van a poder recuperar”.
La consejera ha advertido de que detrás de una decisión de este tipo hay “rostros, esperanzas y mucho trabajo” de técnicos de la Junta para la aplicación de una ley dirigida, ha dicho, a colectivos vulnerables que “lo están pasando muy mal”.
Por ello, ha considerado el recurso del Gobierno una muestra más de su “insensibilidad” con los colectivos más desfavorecidos.
La Junta ha pedido hoy al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar de la Ley de la Función Social de la Vivienda hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Escucha a María José Sánchez Rubio