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La Junta defenderá la ley de Dependencia pese a “trabas y zancadillas” del Gobierno
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social, María José Sánchez, ha dicho que la Junta seguirá defendiendo la ley de Dependencia pese a las “zancadillas” del Gobierno, para lo que en 2014 garantizará la tasa de reposición y el aumento paulatino hasta llegar a la cobertura de años anteriores.
En rueda de prensa para valorar la dotación extra de casi 10,3 millones aprobada por el último Consejo de Gobierno para atender a las personas dependientes, Sánchez ha advertido no obstante de que en algunas cuestiones no podrán suplir los “recortes” del Gobierno.
Escucha a María José Sánchez Rubio
Se ha referido en concreto a los decretos que regulan la prestaciones para la atención a la dependencia y el nivel mínimo de protección, que reducirán de 90 a 70 el número de horas de la ayuda a domicilio, lo que, dice, deberá cumplirse por imperativo legal.
Según la consejera, que asegurado que la Junta no “abandonará a su suerte” a los dependientes, 42.694 personas (el 35 % del total nacional) se van a ver afectadas en Andalucía por los nuevos recortes del Gobierno, de las que 39.000 verán reducida la intensidad del servicio.
La consejera, que ha mostrado también su “preocupación” por un real decreto que prepara el Gobierno y que según dice podría traducirse en la introducción del copago en este ámbito, ha señalado que la Junta está elaborando un estudio con las demandas de cada provincia andaluza para dar prioridad a las personas más afectadas.
Andalucía, que aglutina el 22 % de las personas beneficiarias de la ley de Dependencia en el conjunto de España, ha destinado unos 6.743 millones de euros al desarrollo de esta ley, mientras que en los presupuestos de la Junta para el 2014 se han consignado 1.115 millones.
Los 10,29 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno irán destinados a las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
La Junta pretende garantizar así la financiación para contratar a 268 trabajadores sociales, pese a la merma de 314 millones del Gobierno central para dependencia en los últimos tres años, según Sánchez.
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