La eliminación de subvenciones a las hipotecas afecta a 3.000 familias de Granada

La eliminación de las subvenciones a los préstamos hipotecarios para la adquisición de Viviendas de Protección Oficial (VPO) decretada por el Gobierno central dejará sin ayudas a 2.936 familias granadinas, según ha asegurado este martes el grupo parlamentario socialista, quien ha detallado que esta medida “injusta, ilegal e inconstitucional” afectará a más de 50.000 familias en Andalucía y a 252.517 en toda España.

En rueda de prensa, el senador socialista Juan Manuel Fernández ha incidido en las consecuencias “lesivas y nefastas” de una iniciativa del PP “que perjudicará precisamente a la gente con menos recursos económicos y que promueve incluso el desahucio de estas personas”.

Fernández ha acusado al PP de haber suprimido la “subsidiación a los préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera ilegal y sin informar a los afectados”. El representante socialista ha explicado que el último Plan de Vivienda 2009-12, puesto en marcha por el anterior Gobierno del PSOE, contemplaba incentivos para la adquisición de vivienda protegida que oscilaban entre los 60 y los 100 euros por cada 10.000 euros de hipoteca, una ayuda que tenía una duración máxima de 15 años, renovable cada cinco años.

Escucha a Juan Manuel Fernández

El Ejecutivo de Rajoy eliminó inicialmente la concesión de nuevas ayudas, una medida que ha “endurecido después” al establecer la supresión de la subsidiación a los préstamos que se habían otorgado antes de esa fecha, “impidiendo a las familias la opción de prorrogar por cinco años más las ayudas recibidas, tal y como establecía la legislación”.

Para el senador socialista, se trata de una decisión “ilegal”, ya que el Gobierno elimina las bonificaciones, pero mantiene las obligaciones al prohibir a los beneficiarios alquilar o vender la vivienda y amortizar capital de la hipoteca.

EL GOBIERNO, “COBARDE”

Ha tachado además de “cobarde” al Gobierno de Rajoy, ya que su Ejecutivo “hurta” este derecho sin informar a los afectados y “ordenando además a los bancos que no ofrezcan ninguna información a las familias para que no puedan reclamar, según trasladan los afectados”.

Fernández, quien ha recordado que su formación ha recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional, ha incidido en la existencia de sentencias judiciales que reconocen el derecho a la prórroga de estas ayudas, “como también lo entiende la propia Defensora del Pueblo, que la ha considerado ilegal”.

El PSOE ya defendió una moción en el pleno del Senado para restituir estos derechos y presentará nuevas iniciativas con el objetivo de que se abra un nuevo plazo de solicitud para obtener la renovación de las subvenciones.

También exigirán que el Estado vuelva a autorizar las ayudas que estaban renovándose, “ahora paralizadas”, y que se modifique la ley para continuar apoyando a las personas con menos recursos en la compra de vivienda protegida.

Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE Javier Aragón ha afirmado que ya se ha constituido el Grupo Regional de Vivienda del PSOE-A, bajo la coordinación del secretario socialista de Vivienda y alcalde de Baza, Pedro Fernández, una de cuyas primeras medidas ha sido la de promover una iniciativa en el Parlamento en la que se insta al mantenimiento de las ayudas y subvenciones.

Aragón ha lamentado que el Partido Popular “se olvide de derechos básicos reconocidos en la Constitución” con una legislación que lleva a cabo además con “premeditación, alevosía y nocturnidad”.

Ha criticado además la “desvergüenza del Gobierno” por recurrir la ‘ley antidesahucios’ de la Junta, “que en menos de seis meses de vida llevaba ya 1.500 expedientes en trámite ahora suspendidos”, con la consiguiente “inseguridad jurídica para miles de familias”.

“El Partido Popular se vuelve a aliar con los bancos, dejando de lado a las personas con una ley que supone un atraco a mano armada para las personas y que es injusta social y jurídicamente”, ha concluido.