La Diputación de Granada ha aprobado una moción en pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), en la que insta a la Junta a dar una “solución inmediata al problema de la ayuda a domicilio y la Ley de Dependencia en la provincia”.
La moción reseña que “la Administración autonómica sigue suprimiendo dinero para los programas de Servicios Sociales pero intenta que sea la Diputación la que los mantenga con financiación propia” haciendo responsable a la administración provincial “en un debate demagógico” de “su ineficacia con los sectores necesitados de nuestra provincia”.
Es una muestra de “política de pancarta para intentar desestabilizar a la opinión pública culpando a la Diputación como única responsable de la supresión de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio”, prosigue el texto aprobado este jueves en el pleno provincial, donde se ha puesto de manifiesto que la Junta “sólo resolvió un caso de ayuda a domicilio en la provincia durante 2013 mientras hay paralizados alrededor de cinco mil expedientes”.
Para Marta Nievas, diputada delegada de Familia y Bienestar Social, encargada de defender esta moción, “éste es el mayor recorte que se puede hacer en políticas sociales”. El Gobierno “bipartito de PSOE e IU está impidiendo a muchos usuarios beneficiarse de la ayuda a domicilio como consecuencia de la parálisis de sus expedientes”, ha resaltado la diputada, que ha recordado que el pasado 1 de enero finalizó el decreto de exclusión social con lo que la Junta “ha vuelto a dejar en la estacada y desatendidos a 1.800 usuarios”.
Por ello, en la moción se solicita al Gobierno andaluz que “articule de inmediato una nueva vía de financiación para hacer frente a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio que, por el Decreto Ley 7/2013 de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la exclusión social, ha dejado sin asistencia a fecha 31 de diciembre de 2013”.
Asimismo, se exige a la Junta “el cumplimiento y la aplicación de manera urgente de la Ley de Dependencia acabando así con este colapso en los Servicios Sociales y dando una solución inmediata a los cientos de expedientes que se encuentran paralizados y en espera de resolución”.
La prestación básica del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Granada es complementaria a la de la Ley de Dependencia, cuya administración competente es la Junta de Andalucía que tiene que dar el servicio los dependientes de grados II y III que son “casos que igualmente estamos asumiendo desde la Diputación de Granada debido a la nefasta gestión que se realiza y que hace que lleven más de un año los expedientes paralizados, ocasionando una situación de auténtica desesperación para muchas familias”, denuncia la moción aprobada.
En el texto se subraya que, pese a la actual situación económica, la Diputación ha hecho “un nuevo esfuerzo” manteniendo el presupuesto del año anterior que garantiza el servicio a los 700 usuarios de la prestación básica que se atendieron en el año 2013 estando contemplado en el presupuesto para 2014 con una partida de 1,9 millones de euros.
“Viendo que la Junta de Andalucía a lo largo de este mes de enero sigue sin resolver expedientes y sin presentar ninguna medida excepcional en materia de ayuda a domicilio, vamos a hacer un esfuerzo en atender a más de 200 usuarios” por lo que “está garantizada para el primer semestre de 2014 la atención de más de 900 usuarios de ayuda a domicilio de prestación básica de la Diputación”.
DESARROLLO RURAL
Por otro lado, el pleno ha aprobado, con el apoyo unánime de los tres grupos políticos, la moción presentada por el Grupo Popular en defensa del modelo de desarrollo rural de Andalucía al que “la continua burocratización administrativa ralentiza y ahoga” poniéndose en riesgo desde la administración autonómica “un sistema que ha aportado resultados cuantificables”.
Según consta en la moción aprobada por unanimidad, “solo desde el año 2009 se han impulsado a través de los grupos de desarrollo rural andaluces 5.337 proyectos tanto de carácter económico como social”. Ello ha supuesto “una inversión de 473 millones de euros de los que 194 corresponden a fondos públicos y el resto a iniciativa privada” creándose más de 17.000 puestos de trabajo en toda la comunidad autónoma.
Para que la inversión pendiente en el actual periodo pueda efectuarse, la Diputación de Granada ha solicitado este jueves a la Junta de Andalucía “el levantamiento de la medida cautelar derivada de la resolución para la reposición de cobros indebidos, de forma que se dé liquidez a los grupos de desarrollo rural y se permita la finalización del Programa de Desarrollo Rural, asumiendo la administración andaluza las desviaciones presupuestarias derivadas de sus propios errores de interpretación”.