Otra fosa de la guerra civil en Puerto Lope

La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha impulsado el comienzo de los trabajos para localizar y delimitar una fosa común en el término municipal de Moclín, donde podrían estar enterradas entre tres y diez víctimas de las tropas franquistas durante la Guerra Civil, según los testimonios orales.

El enterramiento se ubica en el margen izquierdo de la carretera que conecta Puerto Lope y Alcalá la Real y está marcado por un almendro que, según el alcalde de Moclín, Manuel García, plantaron allí para señalar el lugar.

La propuesta para iniciar el proceso que podría acabar en exhumación partió de un inmigrante andaluz que comunicó al Ayuntamiento que en esa fosa podría estar su abuelo. Los datos sobre las víctimas que podría haber enterradas allí es confuso, y los testimonios apuntan a entre tres y diez víctimas.

Dos de ellas podrían ser dos hombres que estaban acusados “de entrar en una tienda no se sabe bien a qué”, y otro es posible que fuera un policía municipal que se negó a declarar en contra de ellos, ha indicado el alcalde.

Según García, Moclín era un pueblo “muy sindicalista”, con “muchos sindicatos obreros”, y sufrió la represión franquista no sólo durante la Guerra, de 1936 a 1939, sino también muchos años después, durante la posguerra, y llegó a quedar dividido “en dos” y “lleno de trincheras”.

El arqueólogo que coordinará los trabajos, Andrés Fernández, ha indicado que la fosa podría datar de poco después de la caída de Moclín en manos franquistas, entre el 3 y 4 de octubre, y que pudo ser por tanto consecuencia de la “pura represión” o de la “limpieza”, como le llamaban las tropas rebeldes.

Antes de comenzar a delimitar el posible enterramiento, el equipo técnico comenzará ya a partir de este martes a analizar el archivo municipal, el Registro Civil y los archivos militares y procederá a realizar entrevistas entre los habitantes más mayores del pueblo para intentar localizar información de los allí enterrados.

Después, tras una serie de catas arqueológicas, se ubicará la fosa común y, si se tienen evidencias de posibles fusilamientos y restos óseos, se trasladará la información a la autoridad judicial, y será la Dirección General de Memoria Democrática la que tendrá que decidir si proceder a la exhumación.

El responsable de este departamento, Luis Naranjo, ha indicado en que esta nueva iniciativa responde a la voluntad “decidida” de la Junta de Andalucía de avanzar en las exhumaciones de las fosas de la comunidad autónoma, para que pronto no quede ninguna en el territorio andaluz y se acabe “con esa anomalía en un estado democrático”.

Desde que IU entró en el Gobierno andaluz, se han realizado en Andalucía un total de 18 exhumaciones, y se han hecho seis comunicaciones a los juzgados, para que estos procesos “tengan lugar con todas las garantías”, según ha dicho Naranjo.