Conoce los primeros concejales que han tenido que renunciar a su sueldo

El Ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el PSOE, ha eliminado la dedicación exclusiva de tres de sus concejales, en cumplimiento de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto “les impedirá ejercer plenamente sus funciones debido a la incompatibilidad con sus respectivas profesiones por la falta de disponibilidad horaria para ejercer las delegaciones asignadas”, informa el Consistorio en un comunicado.

La concejal de Igualdad, Servicios Sociales y Comercio, María José García, la edil de Turismo y La Caleta, Irene Justo, además del que era hasta hoy responsable de Mantenimiento y Obras, Deportes y Cementerios, Javier Ortega, han aceptado voluntariamente esta medida que el gobierno salobreñero ha debido cumplir por exigencia de la Ley, y según las tablas establecidas de concejales liberados en función del número de habitantes.

“Los ediles han tomado esta decisión voluntariamente después de varias reuniones del equipo de gobierno, en un ejercicio de responsabilidad que les honra”, ha asegurado el alcalde de la Villa, Gonzalo Fernández Pulido, quien ha indicado que continuarán como concejales, trabajando para la institución y “para el proyecto socialista con el que se presentaron a las últimas elecciones”.

El alcalde, que ha anunciado para los próximos días una remodelación completa de todas las áreas para adaptarse a los cambios surgidos, ha criticado esta Ley de la reforma de la Administración Local ya que supone “una invasión por parte del Estado en las competencias municipales, un ataque frontal a la autonomía local y un recorte severo de las competencias de los ayuntamientos”.

Además, en su opinión, es “un retroceso en la misma base de la democracia, volviendo al provincianismo, donde solo unos pocos, los pudientes, podían dedicarse a la política, relegando a los trabajadores a un segundo plano”.

Pulido ha mostrado su “indignación” por la política del PP de “atacar y desmantelar a los ayuntamientos” y ha insistido en que se trata de “una Ley chapucera, cuyo objetivo es acabar con el Estado del Bienestar, abriendo la puerta de la gestión pública al sector privado”.