El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada contra el auto de archivo de la causa abierta inicialmente contra el alcalde en la capital, José Torres Hurtado, y otras cinco personas más, por una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, por la que el Consistorio habría aceptado saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, ocasionando así pérdidas a las arcas municipales.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por el magistrado Basilio Miguel García, que pide que se dé traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, para que aleguen por escrito “lo que estimen por conveniente y presenten documentos justificativos de sus pretensiones”.
En su recurso, los socialistas, que fueron los que en su día denunciaron esta operación, que consideraban prevaricadora, señalan que el auto de sobreseimiento del juez fue “precipitado” y “no ajustado a derecho”.
Para argumentarlo, sostienen en el documento, al que tuvo acceso Europa Press, que el instructor no ha llegado a pronunciarse sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Granada, o alguno de sus órganos de gestión o gobierno, en concreto la Gerencia de Urbanismo, hubieran emitido informes negativos o de oposición al posible acuerdo de liquidación y pago de deuda, e incluso modificación de las superficies de las parcelas.
Asimismo, en el recurso señalan que el juez fue “parco” para dictar el sobreseimiento libre “por no apreciarse indicios de actuación penalmente reprochable alguna”, cuando debería “argumentar con extensión los motivos del mismo”.
“Se trata de una decisión trascendente que por eso requiere un escrupuloso análisis de forma y de fondo. No en balde está igualmente en juego el derecho fundamental a la tutela efectiva que el querellante persigue”, mantiene la representación legal de los socialistas.
También insisten en que en este caso hay “indicios de criminalidad”, y critican que la resolución haya seguido el “guión establecido por la defensa del alcalde”, llegando así al “absurdo” de “hacer responsable de una decisión a quien ni la toma, ni la conoce, hasta el mismo momento en que se le comunica; se equipara, o aún peor, a la oposición, con los responsables del gobierno y por ende de las resoluciones”.
Finalmente, piden la nulidad de la notificación del auto de archivo, del 27 de enero, “por la indefensión que podría causar si se planteara alguna incidencia en orden a la admisión” del recurso.