“El fin justifica los medios”

El exalcalde  de La Puebla de Don Fadrique acusado declara que autorizó las casas rurales por interés turístico

El exalcalde de La Puebla de Don Fadrique Jesús Amurrio (PSOE) ha declarado hoy que autorizó la construcción de unas casas rurales en terrenos protegidos de este municipio granadino porque entendía que el proyecto contribuiría a favorecer el turismo y la creación de empleo.

El exregidor, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión y otros diez de inhabilitación para cargo público por un supuesto delito de prevaricación urbanística, se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada, junto a un promotor y dos arquitectos.

Amurrio ha asegurado al tribunal que autorizó la promoción inmobiliaria pese a que ésta contaba con un informe desfavorable de la Junta de Andalucía al entender que el pronunciamiento de la administración autonómica era “preceptivo” pero “no vinculante”.

Aunque ha admitido que conocía que el suelo donde se iba a edificar era no urbanizable, ha apostillado que entendía que el informe de la Junta era “interpretable” y que el proyecto podía autorizarse por el interés público y social que tendría para la localidad desde el punto de visto del turismo y el empleo.

Además, ha explicado que el proyecto, que fue abordado en un pleno municipal, contó con el “visto bueno” de todos los concejales de la corporación local.

Antonio T.T., arquitecto municipal que se enfrenta a la misma petición fiscal que el exalcalde, ha manifestado que como técnico se limitó a informar favorablemente el proyecto al entender que era “adecuado” a la normativa vigente, entre ellas las normas subsidiarias que permitían casas rurales en suelos no urbanizables de protección rural.

Por su parte, José Luis C.M., en su condición de promotor y que se enfrenta a tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio junto a su arquitecto, Carlos Emilio P.S., ha afirmado que desconocía que el suelo donde pretendía construir fuera “especialmente protegido”.

Según el constructor, en 2004 presentó un proyecto para construir seis casas rurales y, tras unos condicionantes fijados por el Ayuntamiento, se limitó a hacer sólo tres de ellas “lo más separadas posibles”.

Carlos Emilio P.S. ha indicado que, pese a que sí sabía que era zona no urbanizable, consideró que las normas subsidiarias vigentes y de Turismo permitían la edificación de casas rurales para uso turístico.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, las viviendas se idearon para una parcela dividida en tres zonas y ubicada en suelo no urbanizable catalogado como de especial protección por su valor Agrario Singular y protegido como Lugar de Interés Comunitario.

La Junta de Andalucía redactó un informe desfavorable para la promoción en junio del 2004 por el “peligro de formación de núcleos de población”, entre otras cuestiones, a lo que se sumó un informe en el mismo sentido de la interventora del Ayuntamiento.

Según la Fiscalía, el exalcalde “desvirtuó” el informe del Gobierno andaluz en un pleno extraordinario argumentando que se harían modificaciones y logró su aprobación definitiva en julio de 2004.

El juicio continuará mañana en la Sección Primera con la práctica de nuevas pruebas y la presentación de conclusiones e informes finales de las partes.