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El fiscal mantiene la petición para el exalcalde de La Puebla
La Fiscalía ha mantenido hoy en sus conclusiones definitivas su petición de dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para el exalcalde de La Puebla de Don Fadrique Jesús Amurrio (PSOE) por supuesta prevaricación al permitir la construcción de unas casas en un terreno protegido.
El Ministerio Público también ha mantenido esta misma petición de pena para el arquitecto municipal Antonio T.T., según han informado hoy a Efe fuentes del caso, que han señalado que en la segunda sesión de la vista oral el juicio ha quedado visto para sentencia.
Según las fuentes, la Fiscalía ha rebajado su petición inicial de pena respecto al arquitecto Carlos Emilio P.S., para el que finalmente ha solicitado un año y medio de cárcel e inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, al que también se enfrenta el promotor de los inmuebles, José Luis C.M.
En el ejercicio de su derecho a la última palabra, el exalcalde se ha preguntado por qué era el único responsable de la corporación municipal procesado en la causa si todos los ediles del Ayuntamiento dieron en un pleno su visto bueno al proyecto urbanístico.
En la primera jornada del juicio, celebrada ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, el propio exregidor ya declaró que autorizó la construcción de las casas rurales en terrenos protegidos de este municipio granadino porque entendía que el proyecto contribuiría a favorecer el turismo y la creación de empleo.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, las viviendas se idearon para una parcela dividida en tres zonas y ubicada en suelo no urbanizable catalogado como de especial protección por su valor Agrario Singular y protegido como Lugar de Interés Comunitario.
La Junta de Andalucía redactó un informe desfavorable para la promoción en junio del 2004 por el “peligro de formación de núcleos de población”, entre otras cuestiones, a lo que se sumó un informe en el mismo sentido de la interventora del Ayuntamiento.
Según la Fiscalía, el exalcalde “desvirtuó” el informe del Gobierno andaluz en un pleno extraordinario argumentando que se harían modificaciones y logró su aprobación definitiva en julio de 2004.
