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El urbanismo perseguido, según el alcalde
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha considerado hoy que tras el “caso Serrallo”, relacionado con el uso y aprovechamiento de unos terrenos de la ciudad destinados a zona de ocio, se esconde una “persecución clarísima” contra el personal del área de Urbanismo.
Estas declaraciones se producen después de que la investigación por este caso llevara a la Fiscalía a denunciar la pasada semana a cinco altos cargos de Urbanismo y a un empresario por posibles delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística en el uso de unos terrenos ubicados junto al centro comercial Serrallo Plaza.
El alcalde ha lamentado que el personal de Urbanismo vuelva a sufrir una situación de investigación judicial y ha recordado que desde que preside el Ayuntamiento de la capital esta causa es la número “diez o doce” que afecta a esta área municipal.
“Por unas causas u otras, por la Fiscalía o por denuncias anónimas, se han enfrentado a investigaciones. Pero una y otra vez se ha demostrado que los técnicos hacen su labor y hay una persecución clarísima”, ha considerado.
Torres Hurtado se ha mostrado convencido de que en el Ayuntamiento “no existe ni una causa” de corrupción y ha acusado a la oposición de intentar meter a la ciudad en el “circuito” de la corrupción.
El alcalde ha subrayado que tanta denuncia le “suena a chiste” y se ha mostrado “muy molesto” con las actuaciones judiciales de otros partidos políticos contra los funcionarios municipales, a los que ha halagado su profesionalidad y su esfuerzo para cumplir la norma.
Ha recordado además que esta causa ha estado precedida por otras tanto por vía penal como contenciosa, todas con sentencia absolutoria según el primer edil, como la rotonda de la Chana por ocupar espacios libres o la denuncia contra el patrimonio por arreglar 55 calles del Albaicín interpuesta por la Junta.
El Ministerio Público ha pedido que se tome declaración en calidad de imputados al empresario y a los cinco altos cargos de Urbanismo.
Los hechos denunciados tienen su origen en 2006, cuando el Ayuntamiento de Granada adjudicó a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza una concesión administrativa en unos espacios libres para un parque de atracciones infantiles tras lo que se construyeron una sala de fiestas y un pabellón cubierto en una zona verde.
