Jaque a los regadíos de Granada por el “tarifazo eléctrico”

Costará más de 2’1 millones anuales en la provincia de Granada

Feragua y Acoregra llaman a la movilización a los regantes de la provincia, convocándolos a una concentración masiva ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el próximo 26 de febrero

La presidenta de FERAGUA, Margarita Bustamante y el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Granada (Acoregra) Fernando López-Cózar, han celebrado hoy un encuentro con aproximadamente un centenar de regantes de la provincia de Granada, a los que han llamado a la movilización, convocándolos a una concentración masiva ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el próximo 26 de febrero, en protesta por la subida de los costes eléctricos, una iniciativa a la que también se han sumado Areda, los regantes onubenses (Corehu), los gaditanos Coreca, los almerienses Feral, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva o la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (FRESHUELVA), y las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Upa, Faeca y Grupo Remolachero. Protesta que se producirá de manera sincronizada con el resto de regantes de España, que se concentrarán igualmente a las puertas de las respectivas delegaciones de gobiernos regionales, coordinados por Fenacore, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. En el encuentro con los regantes, celebrado en el Salón de Actos de Caja Rural de Granada, han participado los presidentes de las principales comunidades de regantes de la provincia.

Dicho encuentro ha sido precedido por sendas entrevistas con el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez Ortiz, y la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, María Inmaculada Oria López, a los que los representantes de los regantes han pedido apoyo para sus reivindicaciones, después de exponerles la dramática situación en que la subida de los costes eléctricos coloca al regadío, un sector económico de carácter estratégico para la provincia, que representa en Granada una facturación de más de 450 millones de euros y da empleo a más de 20.400 personas, “y que es el sector colchón en todas las crisis, motor del desarrollo de otros muchos sectores, que tiene una contribución decisiva además en el equilibrio territorial y demográfico, en la justicia social y en la preservación del medio natural, con una incidencia especial en el entorno rural”, apuntaron los regantes.

Tras estas reuniones, los representantes de Feragua, Acoregra y Areda mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación, a los que explicaron que el último tarifazo eléctrico coloca al regadío en “una situación extrema, y no es ninguna exageración”. Señalaron así que la última subida contenida en el decreto del 1 de agosto significará para el regadío granadino un sobrecoste de 2,13 millones de euros anuales, y para el regadío andaluz en general de 37 millones anuales. Explicaron asimismo que el problema es que “llueve sobre mojado” porque esta subida se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que los regantes viene soportando en el último lustro, de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables.

Los regantes insistieron también en que el tarifazo eléctrico deja “completamente tocado” el proceso de modernización en que se encuentra inmerso el regadío en toda España y particularmente en Andalucía y Granada. A nivel autonómico, en los últimos años se han invertido en Andalucía más de 2.000 millones de euros, 120 de ellos en Granada, para modernizar las infraestructuras de riego, en un esfuerzo que ha sido compartido por las administraciones, que han destinado más de 1.000 millones a este objetivo, y por los propios regantes, “que han contraído una deuda muy grande con los bancos para poder pagar estas inversiones”. “La gran paradoja –subrayaron los regantes – es que con estas tarifas, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque nos permite ahorrar agua, pero nos hace gastar más energía, con lo que el futuro previsible es que nadie se modernice a partir de ahora y que, en el peor de los escenarios, las instalaciones modernizadas queden abandonadas y sin uso, volviendo los regantes a los sistemas de riego tradicionales”.

Los representantes de los regantes denunciaron asimismo el trato discriminatorio hacia el regadío que supone el tarifazo eléctrico, que representa para los regantes una subida del 20% de media, y para determinadas comunidades de más del 40%, mientras que para otros sectores como la industria básica significará apenas un 3% o incluso una reducción de tarifa. Un trato que agrava “la situación abusiva que venimos sufriendo los regantes desde la desaparición de la tarifa especial de riego, pues nos vemos obligados a pagar durante todo el año el término de potencia que solo necesitamos unos meses, durante la campaña de riego”.

Igualmente, señalaron por ello ante los periodistas que el Gobierno está convirtiendo el déficit de tarifa en el “móvil homicida contra el futuro del regadío” y acusaron al Ministerio de Industria de insensibilidad y desprecio hacia la actividad económica representada por el regadío, que representa el 60% del PIB y el empleo agrícola, ocupando tan sólo el 17% de su territorio. Asimismo, exigieron al Ministerio de Agricultura que deje de lavarse las manos y haga algo por defender los intereses agrícolas. “Soria y Arias Cañete corren el riesgo de pasar a la historia del regadío por ser los ministros que lo arruinaron, espero que recapaciten”, señalaron.

Los regantes también tuvieron palabras críticas con las consejeras de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a las que pidieron que sigan el ejemplo de otros consejeros autonómicos y se pongan a defender los intereses de los regantes andaluces frente al tarifazo eléctrico.

Finalmente, insistieron en que “no es verdad que el tarifazo sea inevitable, como se nos dice desde el Gobierno” y subrayó que “sí hay soluciones”, que se encuentran en la tabla reivindicativa de medidas que Fenacore ya ha presentado al Gobierno y sobre las que se insistirá en las movilizaciones del próximo 26 de febrero.

Así, entre esas soluciones, los regantes destacaron la posibilidad de aplicar un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes del país alpino pagan un IVA menor por la energía gracias a las gestiones directas realizadas por el Gobierno italiano con la Unión Europea. Recientemente el gobierno ha aprobado reducir el IVA a un sector de lujo, como es el de las obras de artes. ¿Cómo el gobierno no es capaz de tomar esta medida por un sector productivo que esta injustamente tratado por la actual regulación eléctrica? Además, los regantes solicitan pagar únicamente por la potencia real registrada, es decir, la utilizada, y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que muchos no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre) y que sólo tras la reforma energética del pasado mes de agosto se ha incrementado del orden de un 115%. Otras alternativas para conseguir aminorar los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (campaña de riego). Por último, otra medida es facilitar que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto, que ya se utiliza en otros países de Europa, Asia y América y permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.

En fin, concluyeron, “los regantes estamos pidiendo algo justo, que es pagar por la energía que consumimos y por la potencia que demandamos, y no tener que pagar unos términos de potencia que no demandamos durante gran parte del año”. Adaptar la regulación eléctrica a la estacionalidad de nuestro consumo es “algo obligado, si no se quiere que gran parte del regadío español se abandone, generando graves impactos sociales y económicos”.