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Lucha contra los alojamientos turísticos clandestinos
La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha celebrado hoy la reunión de la mesa para combatir los alojamientos turísticos clandestinos y la competencia desleal, a la que han estado convocadas todas las administraciones junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los objetivos de esta mesa han sido fijar un protocolo de actuaciones y funcionamiento que, como primera acción, “disuada” a aquellos particulares y empresas que prestan servicios turísticos de forma clandestina, saltándose la normativa y la regulación del sector.
La iniciativa aspira a difundir las razones por las que deben ser apoyados y defendidos los alojamientos legalmente establecidos e instar a la Diputación para que se dirija al resto de municipios de la provincia.
Además, se marca como objetivo encomendar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería responsable de Consumo y otros organismos autonómicos, para que lleve a cabo acciones conjuntas, especialmente contra los portales de internet que publicitan y venden este tipo de alojamientos clandestinos.
Entre otros aspectos, se quiere mejorar la eficacia de la lucha contra los establecimientos ilegales a través de la coordinación de las administraciones que tienen encomendado el control de esta actividad y persuadir a quienes ya la desarrollan de manera clandestina para que se regularicen.
Con todo ello, han informado hoy desde la Federación de Hostelería, se trata de preservar la igualdad de condiciones en el mercado para los emprendedores que operan en esta actividad, garantizar los derechos de los usuarios turísticos y proteger la imagen del destino.
La propuesta de actuaciones plantea una verificación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía y denuncias ante la Inspección de la Delegación de Turismo y Comercio y ante la Concejalía de Turismo, para que se inicien los trámites o expedientes sancionadores oportunos.
Los hosteleros, que aunque no tienen una cuantificación económica de lo que estas actividades clandestinas les está suponiendo pero sí advierten de que se han incrementado con la crisis, han defendido además las ventajas de los alojamientos legalmente constituidos.
En este sentido, han destacado que se trata de servicios controlados por las administraciones públicas, que pagan sus impuestos, cumplen con la normativa del Ministerio del Interior -notificar la relación de viajeros que pernoctan-, cuentan con personal legalmente contratado y son una garantía para los derechos de los consumidores y usuarios.
