Caso ERE: Dos imputados por la huelga de basuras de Granada de 2006

La jueza Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE fraudulentos al responsable de relaciones laborales en Andalucía de la empresa FCC – Medio Ambiente, Álvaro Mollinedo y al responsable de relaciones laborales en Andalucía de su filial CESPA, José Antonio Pérez. Una imputación porque supuestamente cada una de estas sociedades ha cobrado de la Junta, al menos, 276.000 euros. Un dinero que otorgó Javier Guerrero, el exdirector general de trabajo imputado en los ERE, sin seguir ningún procedimiento, sin tramitar ningún expediente y sin tener competencias para ello, según la magistrada. Dinero para acabar con el conflicto laboral de la limpieza de Granada en el año 2006.

Los trabajadores hicieron una huelga indefinida y huelgas intermitentes para reclamar una subida salarial. Subida que se comprometió a asumir la Junta sin tener competencias para ello, según dice la jueza Alaya.

La magistrada explica que ha recibido las Diligencias Previas del Juzgado de instrucción número 7 de Granada, “denunciando que no todos los trabajadores recibieron las subidas salariales pactadas con las empresas Cespa y FCC, que fueron avaladas por el director de Trabajo, Javier Guerrero”. Alaya dice que tanto CESPA como FCC – Medio Ambiente recibieron cantidades derivadas de las pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia. “Si bien es cierto que estas empresas no resultaron firmantes de esas pólizas, éstas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas”, afirma la jueza en el auto notificado a las partes. Las empresas, advierte, no han devuelto las cantidades “indebidamente recibidas”, recuerda la magistrada. Por este motivo, Alaya da traslado como “responsables civiles a las empresas CESPA y FCC-Medio Ambiente” de esta investigación; e imputa a los dos responsables de relaciones laborales de las sociedades.