Los exalcaldes de Otura Pedro Cabanillas e Ignacio Fernández Sanz han formalizado el recurso contra la sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Granada que los condenó junto a otras dos personas a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la compra de un edificio.
Una sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Granada condenó el pasado mes de enero al entonces alcalde de Otura, Pedro Cabanillas (PP), y a su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández Sanz, a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la compra de un edificio.
La sentencia, que condenó a otros dos concejales, provocó la dimisión de Cabanillas, que ha sido sustituido en el cargo por Dolores Plata (PP) y que se ha convertido en la tercera persona en ocupar el cargo en tres años.
Los dos exalcaldes, ambos expulsados del PP, han formalizado el recurso contra la sentencia, según han detallado a Efe sus abogados, que han confiado en que la Audiencia de Granada revise la causa en una plazo medio de seis meses.
La sentencia condenó a los dos exalcaldes y dos concejales del Ayuntamiento en 2007 a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en el expediente aprobado para comprar un inmueble anexo al edificio consistorial.
Ambos defendieron su inocencia durante el juicio, que se celebró en diciembre del pasado año, y mantuvieron que la operación se estudió por la falta de espacio en la sede municipal y con los precios que marcaba el mercado en el momento de los hechos.
En el juicio, Fernández Sanz subrayó que el equipo de Gobierno aprobó la compra del edificio al considerar que el precio se ajustaba al valor del suelo y recalcó que aunque existieron informes contrarios a la operación, se subsanaron.
Pedro Cabanillas recordó en el juicio que votó a favor de la compra del edificio convencido de la legalidad del acuerdo.
La sentencia consideró que la iniciativa de compra del edificio se inició “con plena conciencia de la ilegalidad” por parte de Fernández Sanz y contó con el apoyo activo del resto de condenados, y absolvió a otros cuatro miembros del Gobierno local inicialmente imputados.
Al menos tres de los cuatros condenados han presentado ya el recurso contra la sentencia ante la Audiencia de Granada.