Trabajadoras del hogar han llamado hoy la atención sobre la “grave desprotección social” de la que son objeto pese a la reforma emprendida en 2011 para regular la situación laboral de este colectivo, que sigue sin tener derecho al desempleo y estando sujeto en ocasiones a las condiciones del empleador.
En rueda de prensa, la portavoz de la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada, Laura Guillén, ha señalado que aunque en 2011 este colectivo entró en el sistema general, sus condiciones siguen sin ser igualitarias con respecto al resto de trabajadores.
Esa circunstancia se da, ha explicado, en cuestiones como el salario mínimo interprofesional (suele aplicarse el mínimo y no a partir de esa cuantía mínima), o el alta en la seguridad social.
La última reforma estableció que las empleadas de hogar que trabajen 60 horas al mes deben estar dadas de alta.
“La trabajadora y el empleador pueden llegar a un acuerdo para que sea ella quien se dé de alta, pero éste tiene que pagar su parte proporcional a la seguridad social”, ha indicado Guillén, que ha señalado además que la intermediación debería darse a través de los servicios públicos de empleo, como en el resto de trabajos.
“Si un empleador no puede tener a una trabajadora del hogar en situación de justicia, que no la tenga”, ha opinado la portavoz de la plataforma, que ha llamado la atención sobre la falta de regulación cuando la empleada es una interna, porque la nocturnidad, ha dicho, no significa trabajar más de ocho horas sin descansos.
La plataforma, que ha elaborado unas tablas salariales con las tarifas que, entiende, deberían aplicarse a las empleadas de hogar, ha advertido de la desprotección del sector ante la ausencia de convenio al no estar constituido como colectivo, aunque ya hay ciudades españolas en las que empiezan a formarse plataformas.
A esa circunstancia se unen las bolsas de economía sumergida en el sector, que cuenta con 6.119 afiliadas en la provincia de Granada (la tercera andaluza en número de afiliados por detrás de Sevilla, con unas 14.000, y Málaga, con más de 9.000).
Pero por cada una empleada afiliada, hay tres que no lo están, según estimaciones de la plataforma.