El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada será el encargado de investigar las actuaciones iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía contra un promotor y cinco altos de Urbanismo de Granada por las supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la titular de este órgano, María Ángeles Jiménez, instruirá este causa, en la que de momento no ha tomado ninguna decisión.
En su denuncia ante el Decanato de los Juzgados, la Fiscalía pedía la incoación de diligencias previas y señalaba que, de lo ya investigado, resultaban “indicios racionales” de posibles delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística.
La Fiscalía solicitó que se tomara declaración en calidad de imputados a un promotor y cinco altos cargos de Urbanismo e indicaba expresamente en su escrito que “no aparecen en principio datos” para dirigir de momento la denuncia contra el alcalde, José Torres Hurtado (PP), dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni respecto al empresario Enrique Legerén.
En relación a Isabel Nieto, concejal de Urbanismo, dado que alegó que aprobó modificados de la concesión urbanística concedida al amparo de informes técnicos favorables, el fiscal “hace preciso” que se aporten dicho informes para valorar su posible responsabilidad.
Según la Fiscalía, de lo ya investigado resultan “indicios racionales” de la perpetración de delitos contra la ordenación del territorio en la actuación del empresario García Arrabal, y de prevaricación en cuanto a la aprobación de licencias, proyecto de urbanización de la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento de Granada.
Todo ello, añadía, a partir de informes favorables “contrarios a la normativa urbanística” y conductas de cooperación necesaria en relación a la omisión del deber de restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada.
La denuncia de la Fiscalía se interpuso sin perjuicio de que, a lo largo de la instrucción judicial, “decaigan” los indicios respecto a alguno de los denunciados o por el contrario aparezcan indicios de la posible responsabilidad criminal de personas no incluidas inicialmente.
En síntesis, el Ministerio Público recuerda que los hechos denunciados tienen su origen en 2006, cuando el Ayuntamiento de Granada adjudicó a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza una concesión administrativa en unos espacios libres para un parque de atracciones infantiles.
Los promotores decidieron no ejecutar esa concesión hasta que no estuviera construido el centro comercial y, de hecho, finalmente el parque no fue realizado conforme a la concesión otorgada, según la denuncia inicial, que indicaba que se habría permitido construir en zona verde una sala de fiestas y un pabellón cubierto con pista de patinaje.