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Los exalcaldes de Otura otra vez al banquillo
El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha fijado para el próximo 3 de junio el juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los exalcaldes de Otura Ignacio Fernández-Sanz y Pedro Cabanillas por presunta prevaricación en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas del municipio.
Junto a los exregidores también están procesados tres de los ediles que, cuando ocurrieron los hechos, formaban parte de la Junta de Gobierno local, concretamente María Dolores Dobaño, María Antonia López e Ignacio Francisco Pérez, según consta en un auto de fecha 26 de febrero y al que hoy ha tenido acceso Efe.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que en su día también tuvo acceso Efe, la Fiscalía pedía 28 años de inhabilitación especial y otros dos de cárcel para el entonces alcalde Ignacio Fernández-Sanz por presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
El fiscal solicitaba asimismo 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y otros dos de cárcel para los cuatro miembros de la Junta de Gobierno Local, entre ellos el posterior regidor Pedro Cabanillas, que aprobaron la operación junto al entonces alcalde.
La Fiscalía atribuía a los cinco la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, mientras que a Fernández-Sanz lo acusaba también de un delito continuado de prevaricación ordinaria, según el escrito.
Los hechos se remontan a julio de 2007, cuando los acusados adoptaron “unánimemente” un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización del plan parcial de desarrollo de las normas subsidiarias, conscientes, decía la Fiscalía, de que este proceder era contrario a las normas urbanísticas vigentes.
Y ello porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente la concesión de licencias de primera ocupación sin la previa finalización de las obras.
Los acusados prescindieron también del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad, pese a que tal omisión había sido advertida por el secretario municipal.
En octubre de ese año, los acusados, también de forma unánime, votaron a favor de la concesión de licencia de ocupación para un total de 46 viviendas de la misma urbanización, “con idénticas infracciones legales”, pues las obras seguían sin estar terminadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento, había un informe contrario del técnico municipal y se prescindió del informe jurídico.
