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El robo de bebés llega a Europa
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) evaluará mañana las denuncias sobre el supuesto robo de ocho bebés entre 1963 y 1990 en el Hospital Clínico de San Cecilio de Granada.
La comisión escuchará a los ocho afectados españoles, que denunciaron además una “inadecuada investigación del caso por parte de las autoridades”, según el documento de trabajo de esta comisión de peticiones difundido por la oficina en España del PE.
Uno de los peticionarios, Eduardo Raya, afirma en su petición que tanto él como su esposa “creen que su hijo, nacido el 6 de junio de 1990, fue cambiado tras el parto por otro recién nacido que murió pocos días después”.
Las pruebas genéticas de laboratorio que encargaron en 2008 parecen confirmar esta versión pero una investigación policial de 2010 la contradice, según el propio afectado.
Pero Eduardo Raya subraya en su petición que “no confía en la investigación policial y cree que las autoridades españolas están conspirando para cerrar su caso”.
Rosalía Gutiérrez, otra peticionaria, denunció que su hijo, nacido en 1969, “fue robado al nacer por miembros del hospital”.
Esta afectada explicó que una enfermera le dijo inicialmente que el recién nacido era “un niño sano”, pero “solo unas pocas horas después le informaron de que el bebé había muerto”.
María Angustias Rodríguez y Ascensión Sánchez Fernández presentaron una petición conjunta en la que informaron de la desaparición de la hermana de la primera y de la hija de la segunda.
Encarnación Murillo, también afectada por un caso similar, declaró que después de que el personal médico le informase de la muerte de su hijo no se le permitió ver el cuerpo, circunstancia en la que coinciden casi todos los peticionarios.
Encarnación Moya, Mª del Mar Guerrero y María del Carmen Gómez explicaron casos similares y coincidieron con prácticamente el resto de peticionarios al recalcar que las autoridades de Granada desestimaron sus denuncias “sin llevar a cabo ninguna investigación”.
La Comisión Europea subrayó en el procedimiento que “no puede intervenir en este asunto” porque “los Estados miembros son los únicos competentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos fundamentales”.
Los peticionarios, según la CE, pueden someter el asunto a las autoridades nacionales, incluidos los tribunales, y, si consideran que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, pueden presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
