El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha considerado “ilegal” que las obras del Metro se desarrollen sin convenio con la Junta, motivo por el que ha hecho un requerimiento al Gobierno andaluz, que ha reconocido un retraso en la firma del acuerdo que a su juicio responde a garantías legales.
Torres Hurtado (PP) y la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, han defendido sus posiciones respecto a la ejecución de las obras del Metro a su paso por la ciudad durante la puesta en marcha conjunta de un nuevo servicio de orientación laboral en la capital.
El alcalde ha incidido en que el requerimiento que anunció ayer el Ayuntamiento, por el que otorga un mes de plazo a la Junta de Andalucía para firmar el convenio de las obras del Metro, representa un “toque de atención” para que las obras dejen de ser “ilegales”.
“Dos años para firmar una adenda consensuada es mucho tiempo, o están dormidos o nos toman el pelo. Pido que en ese mes se firme y dejemos las cosas con legalidad, porque se está haciendo una obra que es ilegal porque no está amparada por ningún convenio”, ha subrayado el alcalde granadino.
Ha apuntado que si la firma no se produce en el plazo ofertado, el consistorio abandonará el proyecto “y la Junta tendrá que terminar sin colaboración del Ayuntamiento, sin más” ha apuntado.
Escucha al alcalde:
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz ha recalcado que la Junta “ni está dormida ni le toma el pelo a nadie”, y ha recalcado que hay que “salvar” aspectos legales para firmar el convenio que se acordó el pasado año.
“Hay que tener todas las garantías para que la adenda sea garante jurídico. Reconozco la paciencia del Ayuntamiento, pero todo es por la seguridad jurídica de la adenda”, ha subrayado García.
La delegada de la Junta ha considerado “preocupante” que Granada ponga en duda el proyecto del Metro y ha recriminado al Ayuntamiento que “no haya hecho mucho por conciliar”, porque “hay que recordar que el soterramiento es un empeño del Ayuntamiento”.
Escucha a la delegada del Gobierno:
García ha considerado que “los ultimátum contribuyen poco” a la colaboración institucional, y ha adelantado que tomarán el requerimiento “con urgencia, pero son cuestiones legales que hay que controlar muy bien”.