Archivan una denuncia por presunta compra de un concejal

La Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por el grupo socialista de la Diputación de Granada por la supuesta compra por parte de la dirección del PP del acta de un concejal “díscolo” de Loja, Antonio María Caro, a cambio de un contrato de asesoramiento jurídico en la empresa pública Visogsa.

El vicepresidente segundo de la institución, José Robles (PP), se ha congratulado hoy de que el Ministerio Público haya dado así la razón a la Diputación en la contratación de ese asesoramiento jurídico externo, al archivar la denuncia interpuesta después de que la empresa provincial de vivienda y suelo contratara con el despacho de abogados de un exedil.

Robles ha exigido por ello a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, que se disculpe con la institución, con su presidente, Sebastián Perez, y con los trabajadores de Visogsa por el “daño causado a la empresa”.

“Era muy fácil hacer aquella pantomima de encierro en las instalaciones de la empresa provincial, que costó a los vecinos 1.500 euros, incluidos gastos de seguridad”, ha lamentado el vicepresidente, que ha considerando que, al llevar el asunto a los tribunales, el PSOE “corría el riesgo de que pasara lo que ha pasado”.

El también consejero delegado de Visogsa ha recalcado que finalmente la Fiscalía haya determinado que “todo se ha hecho conforme a ley” y ha exigido explicaciones al portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Entrena.

“Tuvimos que aguantar que habíamos comprado un concejal en Loja cuando presuntamente quizá ellos hayan comprado voluntades en los municipios donde cogobiernan con Izquierda Unida o con el tránsfuga de Armilla”, ha señalado Robles.

Asimismo ha hecho hincapié en el “silencio” de los dirigentes socialistas, a los que ve “escondidos” tras el archivo de la Fiscalía y ha lamentado el daño que hicieron a la empresa.

Según recogía el PSOE en la denuncia ahora archivada, Caro provocó una crisis de gobierno en Loja al abandonar su cargo como teniente de alcalde en el ejecutivo local del municipio, sin dejar el acta de concejal hasta que firmó ese contrato con la empresa de Vivienda y Suelo de la Diputación.

Los representantes socialistas denunciaron la presunta comisión de delitos de cohecho y apaño de contrato público y llevaron el caso a la Fiscalía ante la supuesta implicación en el “amaño” de cargos políticos del PP aforados, caso del actual senador popular y exalcalde de Armilla Antonio Ayllón.