La “extrema necesidad” de los ocupantes para un desahucio

El grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M en Granada ha informado hoy de una resolución judicial que ha archivado unas actuaciones penales por la ocupación de una vivienda “por extrema necesidad”, lo que sentaría jurisprudencia frente al proceder de los bancos respecto a familias carentes de vivienda.

Según ha precisado este colectivo en un comunicado, se trata de un caso en el que está implicado el Banco Santander, que pretendía desalojar a un matrimonio joven, sin recursos y con un hijo de 18 meses, que ocupan desde el pasado octubre una vivienda vacía propiedad de esta entidad.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada ha resuelto el procedimiento a favor del joven matrimonio al argumentar, según el 15M, que las actuaciones para la ocupación de esa vivienda vacía no son “hechos constitutivos de infracción penal”.

A la vista de lo argumentado por la defensa de los denunciados, recoge la resolución, quedaría “acreditada” la situación de precariedad en la que se encuentran los ocupantes, ambos sin trabajo, carentes de recursos económicos y con un hijo de 18 meses.

El Juzgado también considera constatado que, pese a las adversas circunstancias, están llevando a cabo actuaciones para salir de esa situación, a través de las instituciones públicas.

Stop Desahucios ha considerado que este pronunciamiento judicial crea un “importante precedente jurídico” frente a “atropellos” que cometerían los bancos al quitar techo a millares de familias sin recursos que viven en la calle y no tienen otra salida que ocupar alguna de las centenares de miles de viviendas vacías de entidades financieras.

Juana y Pedro, los dos jóvenes en exclusión social y su hijo de poco más de un año, vivían en la calle hasta que, a principios de invierno, accedieron a la vivienda deshabitada y situada en la calle Pasaje Francisca de Alba, en la barriada Casería de Montijo de Granada.

Ellos encontraron el piso en estado “semiruinoso”, sin puertas ni grifería y lleno de cascajo, lo limpiaron y lo acondicionaron, instalaron el cableado eléctrico y el agua, pusieron puertas y cristales a las ventanas y efectuaron otras reparaciones hasta hacer la vivienda habitable.

Además, como recoge la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción 2, han expresado su intención de regularizar la situación en la que se encuentran con la entidad bancaria a fin de satisfacer a la misma una cuantía de “alquiler social”.

Sin perjuicio de que el Banco Santander pueda recurrir el pronunciamiento a través de la vía civil, el precedente creado “invalida” a juicio del 15M este tipo de denuncias por la vía penal y prolonga el procedimiento durante un tiempo indeterminado.