La Justicia no mejora en Andalucía. Aunque en 2013, se redujo el número de casos que llegaron a los juzgados en un 3 por ciento y los asuntos pendientes disminuyeron en un 7 por ciento, la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja claro que persisten los mismos problemas año tras año. El presidente del tribunal, Lorenzo del Río, alerta de que la situación actual no garantiza la prestación constitucional del servicio de Justicia debido a la falta de jueces; la alta litigiosidad -la mayor de toda España-; y la dispersión de órganos judiciales.
Escucha a Lorenzo del Río:
El presidente del alto tribunal andaluz urge a una reorganización de los partidos judiciales. Pide con urgencia que los juzgados comarcales no actúen de forma aislada. Esta reforma se necesita sin esperar a la ley que prepara el Gobierno.
Escucha a Lorenzo del Río:
La ley de tasas ha disminuido el número de denuncias presentadas en los juzgados. A cambio han aumentado los procedimientos para saltarse el pago de tasas al que acuden los abogados y complica aún más la situación.
En 2013, se han suspendido o aplazado hasta el 25 por ciento de los juicios y los juzgados están a punto de llegar al colapso informático por la falta de inversión de equipos. Los jueces, además, piden, la digitalización de todos los procesos y trabajar con bases de datos comunes.
La memoria de la Justicia andaluza en 2013 confirma que se produjeron 13.700 desahucios, una cifra similar a la del año anterior.
Bajaron los embargos, los despidos y los concursos de acreedores aproximadamente en un nueve por ciento aunque han aumentado en más del 100 por 100 las denuncias contra las claúsulas suelo. Hasta tal punto, que si no se refuerzan este año los juzgados de lo social, podrían colapsarse.
Escucha a Lorenzo del Río:
El presidente del TSJA pide una reorganización de los funcionarios según las demandas de juzgados. También solicita que los jueces de apoyo que se envían a determinados juzgados vayan acompañados de funcionarios de apoyo.
Dice Lorenzo de Río que no tiene sentido que el propio tribunal no tenga competencias sobre los funcionarios de Justicia. Y pide una reforma para descongestionar los juzgados de los casos penales: que no lleguen a los jueces los atestados judiciales por delitos sobre los que no se conozca el autor. Ahora esos casos son una carga innecesaria.