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Aplazado el juicio contra una banda de narcotraficantes
La Audiencia de Granada ha suspendido el juicio previsto para hoy contra una banda de narcotraficantes que actuaba con la ayuda de un agente de la Guardia Civil y un depositario judicial por una ausencia de uno de los siete acusados y el mal estado de salud de otro de los imputados.
La Sala Segunda de la Audiencia de Granada ha aplazado hasta mañana el inicio del juicio contra los siete acusados de intentar transportar de Marruecos a Motril 2.100 kilos de hachís, ya que uno de los acusados no ha comparecido y otro, afincado en la costa granadina, se ha personado ante la Guardia Civil para comunicar que no podría asistir por motivos de salud.
La Fiscalía ha solicitado para los acusados hasta siete años de cárcel tras la investigación que se inició por un cohecho archivado.
Según la Fiscalía, Antonio José R.T. se encargó de las labores directivas y la compra del barco para el transporte, la gasolina y otros enseres junto a Emilio R.J., que no está acusado porque cumple condena en Marruecos por transportar 111 kilos de hachís.
José Manuel V.R. contactó con funcionarios policiales para encontrar cobertura en el transporte y al enterarse de la investigación, huyó a Rumanía.
La Fiscalía ha acusado además a Antonio L.A., mecánico de la embarcación que debía transportar la droga, y a Juan José F.F., un depositario judicial de los juzgados de Motril que prestó la embarcación procedente de otro delito a cambio de 80.000 euros.
Miguel G.P., el agente de la Guardia Civil acusado, se encargó supuestamente de alertar a la banda de las investigaciones y de los movimientos del rádar y las pantallas y hizo vigilancia en la zona del desembarco.
El también acusado Manuel G.S.preparó el doble fondo mientras Karim S.V. viajó a Marruecos para cerrar el acuerdo de la compraventa del hachís.
El 16 de febrero de 2007, la embarcación cargada con 2.100 kilos de hachís en 70 fardos puso rumbo a Motril, aunque la presencia de un helicóptero hizo a sus tres tripulantes, que no fueron identificados, volver a Marruecos, donde abandonaron la carga.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra la salud pública para los 7 acusados, otro de violación de secretos al agente y un delito de malversación para el depositario judicial.
Ha solicitado cuatro años y medio de cárcel para todos los acusados por tráfico de drogas y una multa de 10.000 euros, a lo que suma para el agente otra multa de 4.800 euros y su inhabilitación durante tres años.
Para el depositario judicial ha pedido además una pena de otros tres años de cárcel, una multa de 2.400 euros y la suspensión de empleo público durante tres años.
