PP critica el “escandaloso” gasto de la Junta en alquiler de sedes judiciales

El portavoz del PP-A en la comisión de Justicia del Parlamento andaluz, Juan Ramón Ferreira, ha criticado hoy el “escandaloso” gasto de la Junta en alquileres de sedes judiciales, una situación generalizada, dice, en el conjunto de Andalucía.

En rueda de prensa en Granada, Ferreira se ha referido al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertara en la memoria de 2013 de la carencia de infraestructuras en los juzgados bajo su jurisdicción y de que la falta de palacios de justicia y nuevas sedes supone un gasto anual en alquileres de 15 millones de euros.

Según Ferreira, solo en el caso de la ciudad de Granada ese gasto en alquiler es de mil euros diarios, pese a que la Junta adquirió en su día para sede judicial el edifico de la Caleta que anteriormente ocupaba la Diputación y hoy día la mitad del inmueble está “cerrado a cal y canto y sin uso alguno”.

“Y simultáneamente se están pagando alquileres millonarios para dar cobijo a los juzgados de la ciudad”, ha criticado Ferreira, que ha cifrado unos 360.000 euros al año el pago en alquiler en Granada.

El portavoz del PP en la comisión de Justicia de Parlamento andaluz mantiene que esa situación es generalizada en el conjunto de Andalucía, según recoge la memoria del TSJA, que en el caso de Granada urge a trasladar los juzgados unipersonales al edificio de la Caleta y que, en líneas generales, advierte de las “deficiencias apremiantes” que sufren muchos órganos judiciales en Andalucía.

Ferreira dice que eso explica las “maniobras de confusión” de la opinión pública llevadas a cabo por el PSOE al referirse a la “hipotética” reforma de los partidos judiciales recogida en el anteproyecto de ley orgánica del poder judicial.

El portavoz del PP en la comisión de Justicia, que señala que el anteproyecto tiene aún un largo recorrido parlamentario por delante y puede por tanto sufrir numerosos cambios, acusa al PSOE de ocultar cuestiones como que, en virtud de esa normativa, “ninguna sede va a dejar de tener uso judicial” o que la especialización y territorialidad no la va a marcar el Gobierno, sino los tribunales superiores de justicia de acuerdo con la administración competente, que en el caso de Andalucía sería la consejería del ramo.

Ferreira ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa para anunciar una interpelación al conejero de Justicia, Emilio de Llera, en la comisión de justicia del próximo miércoles para conocer el avance del proyecto para la construcción de un palacio de justicia en Órgiva (Granada), que fue anunciado en consejo de gobierno en enero de 2005 sin que desde entonces se haya avanzado en nada, dice.