Más de una treintena de profesionales de toda Andalucía participan en un curso en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, para facilitar la identificación de menores víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación en el transcurso de su trabajo.
El alumnado está compuesto mayoritariamente por profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía, personal de los centros de acogimiento residencial de menores y de los Servicios de Protección de Menores de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
El delegado territorial de la Junta en Granada, Higinio Almagro, se ha dirigido a estos profesionales para expresar que la trata de seres humanos es una de las más graves formas de violencia contra los derechos de la persona y constituye un atentado contra la dignidad e integridad del ser humano.
“Tan es así que ha sido definida por Naciones Unidas como una forma de esclavitud moderna, que afecta mayoritariamente a mujeres y niños”, ha señalado.
Según Almagro, el respeto de los derechos de las víctimas y su protección y asistencia debe constituir una prioridad en el abordaje de tal fenómeno y para ello es preciso formar e informar al personal técnico sobre el encuadre de esta realidad y la forma de detección e intervención en cada caso.
Para lograr este fin entre los contenidos tratados destacan temas como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el marco jurídico de referencia y procedimientos de detección, identificación, asistencia y protección de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación.
Las sesiones se han desarrollado a partir de una presentación de contenidos y actividades grupales que han permitido la reflexión, el intercambio y aprendizaje de los mismos y se han abordado también casos prácticos que han permitido aplicar los contenidos en situaciones reales.
Esta información tendrá un despliegue posterior a través de la plataforma on-line de la Junta de Andalucía, autorizada por el equipo de la Fundación de Solidaridad Amaranta, cuya directora, Pilar Casas, ha sido una de las docentes participantes junto a Clara Corbera.
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto el acento en la necesidad de contar de una ley estatal en esta materia, dado que la trata de personas es el segundo negocio ilícito más lucrativo por detrás del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.
“Este hecho nos permite visualizar la dimensión del problema al que nos enfrentamos del que no se tienen datos precisos precisamente por la invisibilidad de las víctimas y por las dificultades de éstas para escapar de esas redes”, ha señalado.