Operación en toda España contra empresas ficticias con más de 700 detenidos. En Granada, la Policía Nacional ha detenido a 50 personas por fraude a distintos organismos estatales mediante empresas falsas. Además de las 50 personas detenidas en Granada hay más imputados, aunque por el momento la Policía no ha dado a conocer esos datos.
En toda España, se calcula un fraude de 20 millones de euros realizado a través de 135 empresas que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Sin embargo, no ejercían ninguna actividad real pero realizaban altas en la Seguridad Social para obtener ilícitamente prestaciones u obtener autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros.
Operación nacional
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. La denominada operación “Espa” es la más importante realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional y que ha permitido destapar un fraude de más de 20,5 millones de euros. Una investigación enmarcada en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
En total los agentes han detectado 142 falsas mercantiles dedicadas supuestamente a la hostelería, mensajería, limpieza o jardinería. Los arrestos se han producido en Madrid (197), Barcelona (188), Almería (88), Alicante (79), Jaén (73), Granada (50), Valencia (29), Guadalajara (24), Girona (12) y Castellón (12). Entre los arrestados se encuentran 30 administradores de las falsas empresas, 22 de ellos de nacionalidad española.
Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de más de 8.400 personas. Además, se ha constatado que 2.112 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 362 extranjeros habrían intentado regularizar su situación en España. En total se han esclarecido casi 4.000 delitos de falsificación documental, fraudes y estafas en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevos arrestos.
El primer año del Convenio de Colaboración
Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013. La Comisaría General de Policía Judicial, a través de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, es junto con la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la responsable de coordinar y poner en marcha los correspondientes dispositivos policiales. Todo ello en colaboración con el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias afectadas.
En este primer año de vigencia, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las operaciones desarrolladas contra las empresas ficticias y el fraude a las arcas públicas. “Turia”, “Zaida”, “Manzanares”, “Abba”, “Costa” o “Espa” son las operaciones desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social junto con las plantillas territoriales involucradas. Gracias a ellas se han más de 6.500 delitos de falsificación y estafas, con un fraude a las arcas públicas superior a los 47 millones de euros.
La operación “Espa” ha sido dirigida por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las Jefaturas Superiores de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía Oriental, Aragón y Castilla La Mancha.