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Otro no a Gallardón desde Granada
El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado hoy una jornada reivindicativa para evidenciar su rechazo “frontal y profundo” a la futura ley de justicia gratuita que tramita el Gobierno central al considerar que no soluciona los problemas, no está consensuada y perjudicará al ciudadano.
La futura ley que está en tramitación parlamentaria afectará a los 42.000 abogados del turno de oficio del país y provocará según los letrados granadinos un fuerte perjuicio a la sociedad por una “sospecha sobre el ciudadano” del Gobierno central.
El decano del Colegio de Abogados granadino, Eduardo Torres, ha subrayado el “frontal” rechazo del colectivo al texto del Ejecutivo central al considerar que ocasionará un “perjuicio enorme” para los ciudadanos y que deteriorará la calidad de un servicio avalado por la población.
Torres ha lamentado que la futura ley no vaya a solucionar los actuales problemas de la justicia gratuita no sólo en lo que afecta a los letrados, que cobran una media de tres euros por hora de servicio, sino por incrementar los umbrales económicos de los posibles usuarios del servicio, que tendrían que cobrar menos de 14.910 euros anuales frente a los 12.780 actuales.
El responsable de Justicia Gratuita del Colegio granadino, Fernando Conde, ha asegurado que la futura ley dificultará el asesoramiento al patrocinado ya que cualquier abogado de cualquier ciudad podrá atender a un cliente.
“Que tu abogado de oficio pueda estar a mil kilómetros dificulta el asesoramiento porque probablemente no llegues ni a verle la cara nunca”, ha ejemplificado Conde.
El gremio ha criticado además que el Gobierno central “sospeche” del ciudadano al partir de un abuso del servicio y que limite a tres asistencias al año las permitidas para cada persona.
Los abogados ha reprochado además que, en caso de plantear un recurso y perderlo, unos funcionarios examinen el trabajo del letrado de oficio y puedan sancionarlo administrativa o económicamente si consideran que no ha hecho bien su trabajo.
Torres ha lamentado además que en los más de seis textos de la ley que ha redactado el Gobierno central se hayan incluido las alegaciones del colectivo pero que se hayan eliminado del texto definitivo, “muy diferente” al que habíamos acordado.
Han defendido además la calidad del servicio con datos como que de las 4.000 quejas presentadas al Defensor del Pueblo por temas judiciales sólo 65 afectaran a la justicia gratuita.
