Cinco familias de Granada han sido condenadas hoy a realizar trabajos a la comunidad durante 45 días. Es la pena de conformidad pactada con el fiscal que las acusaba de usurpación por ocupar unas viviendas sociales de la Junta.
En principio la Junta denunció aunque tras una negociación, las familias consiguieron un alquiler social en otras casas. La Consejería de Vivienda retiró la denuncia pero el fiscal continuó acusando. Es el caso de Esther que ahora vive con su hija en una de estas casas.
Escucha a una de las afectadas:
Stop Desahucios, que ha apoyado a las familias a las puertas de los juzgados, considera en cualquier caso que algunos jueces están siendo ahora más sensibles con el problema de la vivienda.
Escucha a Antonio Redondo, de Stop Desahucios: