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El PSOE advierte de que el nuevo plan de ajuste “encadena” al Ayuntamiento de Granada “a los bancos”
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Baldomero Oliver ha señalado que el nuevo plan de ajuste al que se someterá la entidad local le “encadenará a los bancos”, pues desde 2011 se ha aumentado la deuda viva de las arcas municipales en un 84 por ciento, “alrededor de 300 millones” que se tendrán que abonar a las entidades financieras “durante los próximos 20 años”.
El edil destaca que “esto supone hipotecar el futuro de la capital y el margen de maniobra de las próximas cinco corporaciones municipales”. Además, afirma que “la situación económica es tan grave, que de las tres propuestas aprobadas por el Ministerio de Hacienda para rescatar a los ayuntamientos, la elegida por el PP en el Consistorio demuestra que las arcas municipales están en la UVI, ya que es la menos favorable”.
El concejal del PSOE ha relatado que el pasado 14 de mayo el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE una resolución mediante la que se daba cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos, por la cual se modifican las condiciones de cumplimiento del plan de pago a proveedores.
La resolución, a la que el Ayuntamiento ya ha anunciado que se va a acoger, “supone la ampliación del periodo de amortización de deuda bancaria de 10 a 20 años, con dos años más de carencia y una reducción del tipo de interés de 41 puntos básicos, quedando el tipo en aproximadamente el 5,6 por ciento”.
Para el edil socialista, esto conllevará “atroces subidas de impuestos y recortes brutales en los servicios municipales”, pues actualmente la deuda de cada granadino asciende a 1.100 euros y durante los próximos 20 años los ciudadanos pagarán sus impuestos para hacer frente a intereses bancarios.
El socialista detalló que “la medida es de tal gravedad, que el propio Ministerio ha entendido que hacer pública la lista de municipios afectados puede perjudicar sus derechos y lesionar sus intereses, por lo que además ha aplicado una medida excepcional, la del artículo 61 de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas, para evitar dicha publicidad”.
