Monitores escolares de los comedores de 24 colegios inician una huelga este martes

Los monitores escolares de los comedores de los 24 colegios de gestión directa de la provincia de Granada inician este martes tres días de huelga para exigir mejores condiciones, al considerar que la cuantía económica que destina la Junta a este servicio es “insuficiente” para que la empresa adjudicataria pueda cumplir el convenio.

La huelga, para la que se han fijado unos servicios mínimos del 20 por ciento, se producirá ante la falta de acuerdo en el acto de conciliación que se celebró el pasado jueves en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), al que asistió la empresa adjudicataria pero no la Delegación de Educación, según ha detallado a Europa Press el secretario general de Enseñanza de CCOO de Granada, Diego Molina.

El representante de CCOO ha lamentado este hecho al entender que la Junta es “la única que tiene posibilidad de solucionar el problema”. Para ello, sería necesario que abonara por el servicio unos 13 euros por hora trabajada, que “es lo que se venía pagando antes”, pues en la actualidad aporta 7,76 euros, “una cantidad que se convierte en poco más de cuatro euros para los trabajadores”.

Pese a todo, los monitores consideran que la Junta tiene la “obligación” de subrogar a las 150 personas que prestan este servicio en la provincia porque, según ha explicado Molina, “de septiembre a noviembre son trabajadores de la Delegación de Educación y de diciembre a final de curso”, al pasar el servicio a ser gestionado por una empresa externa, “les bajan el sueldo un 30 por ciento”.

Se trata de 150 trabajadores de 24 centros de la provincia de Granada que “trabajan en situaciones de semiesclavitud”, ha afirmado Molina, y por este motivo, han decidido paralizar el servicio de comedor durante tres días, aunque el representante augura que este conflicto puede extenderse a otras provincias andaluzas donde se están dando estas mismas circunstancias.

Desde CCOO han avanzado que recurrirán los servicios mínimos del 20 por ciento fijados para las jornadas de paro, al entender que no deberían existir dado que los servicios “privatizados” no suelen considerarse como esenciales en estos casos.