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Monitores de comedores acusan a la Junta de contratarlos en “semiesclavitud”
Los monitores escolares de los comedores de los 24 colegios de gestión directa de la provincia de Granada han celebrado hoy la primera de las tres jornadas de huelga para exigir a la Consejería de Educación que cumpla las condiciones económicas del convenio colectivo y evite contratos en “semiesclavitud”.
Comisiones Obreras ha cifrado en el 90 % el porcentaje de seguimiento de la huelga en los centros convocados, todos salvo tres, adheridos a la protesta celebrada para pedir a la Junta de Andalucía que subrogue a los 150 trabajadores que prestan este servicio.
El secretario general de Enseñanza privada de CCOO de Granada, Adriano Fernández, ha detallado a Efe que las protestas no han logrado pronunciamiento alguno de la Consejería de Educación ni de la Delegación Provincial y ha lamentado que el incremento presupuestario de la Junta para salvar la situación, que ha estimado en 50.000 euros, no haya sido atendido hasta el momento.
CCOO ha considerado que los afectados atienden a los niños de los 24 centros educativos en unas condiciones de “semiesclavitud”, por lo que ha pedido que el personal se adhiera al convenio del Ente Público de Infraestructuras y Servicios (ISE).
Los monitores pretenden así igualar sus tarifas a lo que cobran otros trabajadores como los monitores de aulas matinales, con un salario fijado en 12,80 euros por hora trabajada, frente a los menos de ocho euros que perciben ahora.
CCOO ha denunciado además que esta cantidad “ínfima” se convierte en poco más de cuatro euros por hora cuando lo gestiona una empresa externa.
El sindicato ha reprochado a la Junta que subcontrate a través de empresas que “en ocasiones rayan la ilegalidad”, por lo que ha pronosticado que el conflicto laboral se extenderá al resto de monitores de comedores de Andalucía, con 200 centros de gestión directa.
Los trabajadores afectados en la provincia de Granada han prevista para mañana una concentración ante la delegación territorial de Educación a la que han convocado a las familias afectadas por la prestación del servicio.
