Analizan los derechos de las personas con dispacacidad

Más de 200 expertos del ámbito jurídico, de la universidad, las administraciones y el movimiento asociativo analizarán por primera vez la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la agenda legislativa pendiente después de seis años de su entrada en vigor.

Este asunto se abordará este jueves y viernes en Granada en el marco del Congreso Nacional ‘La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. De Los Derechos a los hechos’, que organiza la Fundación Derecho y Discapacidad con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Antes de la inauguración del congreso, el presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha recordado que en España existen cuatro millones de personas con discapacidad, un diez por ciento de la población, y a pesar de haber tratados internacionales como el citado, normativas y declaraciones, este colectivo no tiene garantizados sus derechos, una situación que la crisis “ha agudizado”.

“Tener una discapacidad todavía condena a esos cuatro millones de personas a no poder llevar una vida de normalidad cívica y democrática”, ya sea en su desplazamiento, en su participación económica, en su acceso a la educación o en sus derechos políticos, ha relatado Bueno, quien ha aludido a las pasadas elecciones europeas para advertir de que 80.000 personas con discapacidad están privadas en la actualidad de su derecho de sufragio pese a que la citada convención internacional lo recoge.

Al acto de inauguración del congreso, que se está desarrollando en el Hotel Nazaríes de Granada, también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha opinado que, si bien queda mucho camino por recorrer, se está produciendo una incidencia cada vez mayor en el principio de igualdad de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.

En el campo jurídico, ha destacado la importancia de que el hecho diferencial de tener una discapacidad no afecte a la igualdad de oportunidades, respecto a lo que ha señalado avances en aspectos como los procedimientos de incapacitación, donde se ha pasado a un modelo más variable y ésta “no aparece como algo de exclusión sino como un sistema de autoayuda o autotutela”.

“Queda mucho por hacer, pero desde hace 25 años que empezaron las grandes reformas en materia de discapacidad hemos recorrido un camino muy importante a nivel legislativo y judicial”, ha enfatizado del Río.

A preguntas de los periodistas sobre el ámbito laboral, un aspecto que preocupa especialmente a este colectivo que se encuentra muy por debajo de la media en actividad, Bueno ha detallado que en estos años de crisis económica ha ido aumentando progresivamente la contratación de personas con discapacidad, lo que ha achacado a que el movimiento asociativo prioriza el empleo como bien social antes que el lucro empresarial.

Por último, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha señalado que para la Junta es fundamental que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todos los servicios y que se cumplan todos sus derechos en igualdad de condiciones.

En este sentido, ha recordado que la ley andaluza de 1999 será adaptada a la Convención de Derechos Humanos, aunque ha hecho hincapié también en la necesidad de adaptar la mentalidad de las personas y de las instituciones.

Estos y otros asuntos serán abordados durante estos días por 200 expertos que analizarán cómo se ha desplegado la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en estos seis años de vigencia y “lo mucho que queda por hacer en el ámbito estatal, autonómico y local”.