AUDIO: Encontronazo entre Gobierno y Junta sobre el nuevo hospital

El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha acusado hoy a la Junta de mentir con respecto al Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, al asegurar que la administración autonómica no necesita autorización del Ejecutivo para proceder a equipar al centro hospitalario.

El delegado de Salud de la Junta ha asegurado que el subdelegado no conocer la tramitación y que es necesario un último visto bueno de Hacienda. En cualquier caso Higinio Almagro asegura que la Junta pretende abrir el centro antes de fin de año.

Escucha al subdelegado del Gobierno y al delegado de Salud:

En rueda de prensa, el subdelegado respondía así a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que recientemente condicionó la apertura del nuevo hospital dentro de los plazos anunciados a la diligencia del Gobierno central para redactar el informe necesario para aprobar su equipamiento.

Pérez ha criticado la actitud de la Junta dado que, según ha explicado, en febrero de 2012 la junta facultativa del Hospital Clínico se dirigió a él para pedirle que el Gobierno autorizara que la Junta sacara a concurso el contrato de colaboración público-privado con el que se llevaría a cabo el equipamiento.

En atención a esa petición, ese mismo mes el Gobierno autorizó a la Junta, según el subdelegado, que ha señalado que tras las recientes declaraciones de la consejera se interesó de nuevo por el tema ante la administración central y le trasladaron que el Gobierno andaluz no necesita “ningún tipo de autorización” dado que desde febrero de 2012 está autorizado a realizar el contrato.

“Por lo que si no lo ha hecho es porque no ha querido”, ha indicado el subdelegado, que ha mantenido por tanto que la consejera “ha mentido”.

La versión de la Junta

La Intervención de la Junta de Andalucía ha enviado una consulta a la Intervención General de la Administración del Estado para conocer si el equipamiento del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) consolida deuda, como determina la normativa de contratación pública y de estabilidad presupuestaria.

Esta consulta es el resultado del informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 2012, que establecía que “una vez finalizado el proceso, el contrato deberá ser estudiado de nuevo con el fin de proporcionar una decisión técnica en cuanto al tratamiento de las operaciones en términos de contabilidad nacional”. Por tanto, desde la Junta se insta al subdelegado del Gobierno en Granada que aclare si desde el Gobierno central se mantiene al criterio expresado por la Intervención General del Estado. Y que si el subdelegado afirma que no es necesario la autorización del Gobierno central lo comunique por escrito a la Junta de Andalucía.

La Intervención de la Junta de Andalucía elevó la consulta a la Intervención General del Estado durante la segunda quincena del mes de mayo. Se trata de un proceso habitual en el marco de la estrecha cooperación que mantienen las intervenciones de las administraciones públicas. Por lo que desde la Consejería de Hacienda se ha expresado la “extrañeza” ante la salida de tono del subdelegado, al que solicita que “no intoxique” las relaciones fluidas de colaboración que existe entre la IGAE y la Intervención de la Junta de Andalucía.

Desde la Consejería de Hacienda se señala que antes de calificar de “mentira” una afirmación se lea con detenimiento el informe de la Intervención, y que lo mejor que puede hacer el subdelegado es “no entorpecer” y “colaborar para que la IGAE se pronuncie cuanto antes”.

Hay que recordar que el Hospital del PTS es un proyecto de colaboración público-privada y requiere la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Junta de Andalucía solicitó en 2012 autorización a la IGAE. Desde este organismo se contestó que no era el momento de hacerlo y que habría que solicitarlo más adelante, ya que requería en todo caso el pronunciamiento de la Intervención General del Estado.

Una vez concluido el documento final del contrato de colaboración público-privada para el equipamiento general y clínico del Hospital Campus de la Salud de Granada, desde la Intervención General de la Junta de Andalucía se ha requerido a la Intervención General de la Administración del Estado que valore su impacto en términos de déficit y deuda en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De este modo, la Junta de Andalucía está a la espera del informe de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para confirmar que el proyecto no consolida deuda, y que por tanto la administración autonómica puede acometerlo respetando la normativa de estabilidad presupuestaria.