La Audiencia de Granada ha suspendido el juicio previsto para hoy contra el exalcalde de Atarfe el socialista Víctor Sánchez por un delito de prevaricación hasta que resuelva el recurso de la Fiscalía contra el auto de la misma Sala que archivó otra causa por el estado de salud del imputado.
Sánchez ya pidió la semana pasada a la Audiencia la suspensión del acto argumentando falta de salud después de que la Sala Primera, la misma que acoge esta causa por prevaricación y malversación por la que el exalcalde se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, archivara otra causa por cuestiones de salud.
El exalcalde no ha acudido a su cita judicial, que se ha suspendido hasta que la Audiencia responda al recurso de súplica de la Fiscalía y atendiendo a las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Público, que no ha considerado procedente celebrar el juicio en una fecha para Sánchez y en otra para el resto de acusados.
Las defensas de los tres imputados restantes en esta causa, se han opuesto sin resultado positivo a la petición fiscal, tras lo que el presidente de la Sala ha acordado suspender sin fecha y hasta que se resuelva el recurso al archivo de otra causa de prevaricación el inicio del juicio.
En el juicio suspendido hoy, la Fiscalía acusa al exalcalde de los delitos de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación al considerar que los cuatro acusados actuaron “de común acuerdo” para evitar la participación de terceros en la tramitación urbanística de unos terrenos e incrementar así su edificabilidad.
El Ministerio Público considera que los acusados utilizaron la figura urbanística del “estudio de detalle”, con menor exposición pública y que no exige informes de la Junta de Andalucía, para incrementar la edificabilidad de un suelo destinado a fines residenciales.
Tras varios trámites administrativos, Sánchez firmó la resolución con el informe favorable del arquitecto municipal, también acusado, y sin el informe jurídico preceptivo del secretario, lo que le exige la ley como trámite de control, tras lo que la modificación urbanística fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Atarfe.
Así, los acusados incrementaron “ilícitamente” la edificabilidad y procedieron a la segregación de parcelas, la enajenación de fincas sobrantes y la venta de una de las parcelas a una empresa, según la Fiscalía por un precio inferior al del mercado “con perjuicio para las arcas municipales”.
El arquitecto y el exalcalde se enfrentarán a una petición de 4,6 meses de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación ordinaria y urbanística y de malversación, mientras los otros dos acusados responderán a la petición de 10 años de inhabilitación y otros tres años de prisión.