La Diputación aprobará el jueves la contratación de la gestión de los residuos para los próximos 25 años

La Diputación de Granada abordará el próximo jueves en pleno extraordinario el expediente de contratación de la gestión del servicio público de tratamiento de residuos municipales en la provincia, el cual está previsto que sea aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, del PP. La concesión administrativa que surgirá de este trámite, y que sustituirá a la actual, que finaliza este año, tendrá vigencia durante los próximos 25 años con un contrato presupuestado en unos 488 millones de euros.

Un total de 458 millones de euros estarían destinados para la explotación del servicio en las plantas de Alhendín, Vélez de Benaudalla y las nueve de transferencia que hay en distintos puntos de la provincia y otros 29 millones se estipulan para la realización de 23 obras de mejora en las instalaciones.

El valor del contrato se ha calculado, según ha explicado este martes el portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente, a partir de un precio de 42,91 euros por tonelada de residuos y a partir de ahí se valorarán las mejores ofertas, “poniendo por delante el precio que finalmente vayan a pagar las familias”.

“Abundamos en la calidad, la sostenibilidad medioambiental y en el precio que para nosotros es fundamental porque repercute en la economía familiar”, ha incidido José Torrente, que se ha congratulado de que “teniendo el modelo más barato de España, se han creado ochenta puestos de trabajo que también se van a mantener”.

CRITERIOS DEL PLIEGO

Los criterios objetivos del pliego de condiciones son mayoría, un total de un 51 por ciento, y sólo el resto están sujetos a algún tipo de valoración en torno a las ofertas que las empresas presenten. “El tratamiento de residuos es prioritario para la Diputación porque prioritario es para cada ayuntamiento”, ha indicado Torrente a este respecto.

“Casi quinientos millones de euros es un contrato importantísimo, fundamental para la provincia de Granada, y la fortuna ha querido que aquí haya “un Gobierno serio y riguroso que plantea este contrato como una cuestión objetiva y ligada no a los intereses de un partido concreto, sino a los intereses generales de los granadinos”, ha explicado el portavoz, que ha lamentado la oposición de PSOE e IU en esta materia “pese a que la fórmula de la concesión administrativa es la misma que se aprobó hace 20 años”.

“Los grupos con representación en el pleno provincial en el año 1994, unánimemente dijeron sí al modelo de concesión. Hoy, con el mismo modelo, no contará con el voto favorable de socialistas y comunistas, y habrá que preguntarse por qué”, ha indicado el portavoz, que se ha preguntado si “quizá es porque ellos están en la diatriba electoralista, sectaria y partidaria más que a favor del interés general”.

“¿Quizá es porque ellos no están manejando el cotarro como otras veces, con nefastas consecuencias para la provincia?”, ha añadido José Torrente, que ha criticado la actitud contraria que han mantenido los grupos de la oposición al saneamiento de la gestión de los residuos en la provincia durante este mandato.

“Hubieran preferido, y eso es algo criticable, dejar hundir el sistema que ellos autorizaron, que esto no funcionara ni se le diera ningún tipo de salida a ese bloqueo, a ese déficit constante que iba a hundir el pozo del tratamiento de residuos, antes que atajar el problema de raíz como ha hecho este Gobierno” que enfrenta las cuestiones, ha añadido Torrente, “con decisión, no con escondrijos, no con martingalas ni con arreglos”.

“La gestión de residuos era un problema que amenazaba con lastrar el presupuesto de la Diputación y hoy lo ha dejado de ser por las decisiones valientes que ha tomado el presidente del Gobierno provincial, Sebastián Pérez”, ha remachado Torrente en la comparecencia informativa en la que ha dado cuenta de los principales temas del pleno extraordinario del jueves 12.

OTROS PUNTOS

El orden del día también contempla el debate sobre la propuesta técnica sobre ejercicio de competencias de la Diputación en aplicación de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

En este apartado, según ha explicado Torrente, “hemos tratado que sean los técnicos de esta casa, ajenos al debate político y absolutamente ligados a sus profesiones, los que constituidos en una comisión definan, con la ley en una mano y las áreas de trabajo de la Diputación en la otra, lo que son las competencias propias y las competencias impropias supeditadas a conveniarse tanto con la administración autonómica, la Junta de Andalucía, como con la central, el Gobierno del Estado”.

Todo ello con el objetivo básico de definir el ámbito de trabajo de cada una de las áreas de la Diputación para que éste sea “eficaz, próspero y absolutamente legal”, ha concluido Torrente.