El alcalde de Santa Fe (Granada), Sergio Bueno, ha declarado este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad como imputado por un delito contra la ordenación del territorio por un asunto relacionado con la concesión de licencia de obras para la ampliación del tanatorio de la localidad, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
El alcalde, que está imputado junto con el arquitecto municipal –que ya declaró el pasado 3 de marzo–, ha defendido su actuación en este asunto. La apertura de diligencias de investigación penal se produjo tras la denuncia de un particular contra la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de marzo de 2009, que votó a favor de la concesión de licencia para esos trabajos.
Sin embargo, los hechos denunciados se remontan al 4 de septiembre de 2004, cuando la empresa funeraria Hermanos Teruel de Santa Fe solicitó licencia de obras para la ejecución de un tanatorio (sin crematorio ni bar) en una parcela de equipamiento social ubicada en el polígono industrial 2 de octubre de Santa Fe, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Con fecha 19 de octubre de ese mismo año, el ingeniero técnico municipal emitió un informe desfavorable, en el que alertó de que debía resolverse si estaba permitida esa construcción en esa parcela, y de que el expediente presentado carecía de un proyecto que aclarase el impacto medioambiental de ese tanatorio. El 3 de diciembre de 2004, el arquitecto técnico municipal, uno de los imputados, emitió también informe a la licencia solicitada, en el que señalaba que no debía concederse por no tener el tanatorio condición de edificación aislada, como establece la norma al respecto.
Según se señala en la denuncia, el 20 de abril de 2005, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó favorablemente el proyecto, condicionado a la valoración de un estudio de ruidos. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Fe concedió licencia el 4 de mayo de 2005 para el tanatorio, “sin la previa calificación ambiental”, y “sin haberse subsanado los reparos” incluidos en los informes técnicos.
El 16 de julio de 2007, la empresa Servicios Funerarios Albaycín S.L. solicitó la ampliación del tanatorio a las actividades de crematorio y bar, después de que la anterior empresa, Hermanos Teruel, le cediera sus derechos referentes a la construcción de esa edificación.
Tras esto, y ya el 8 de octubre de 2007, el arquitecto técnico municipal imputado volvió a emitir un informe, considerando que la implantación del tanatorio incumplía “flagrantemente” la normativa urbanística de aplicación, pero el 30 de octubre de 2008 consideró “subsanadas” las irregularidades contempladas, en concreto los retranqueos y el uso del sistema general que constituye el tanatorio-crematorio.
El 30 de enero de 2009, otro informe de la Consejería de Salud exigió en este asunto que se cumpliera el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que establece que este tipo de edificación tiene que estar aislada, pero, pese a todos estos “reparos”, el 15 de febrero de 2009 el alcalde, Sergio Bueno, dictó un decreto por el que se calificaba ambientalmente favorable la actividad, y la Junta de Gobierno Local, el 4 de marzo de 2009, concedió finalmente la licencia de obras.
El tanatorio fue finalmente inaugurado el 21 de octubre de 2010 con la presencia del alcalde, y del entonces concejal de Urbanismo –hoy de Hacienda, Infraestructuras y Deportes–, José María Aponte.