Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han solicitado por carta, una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para evitar el ingreso en prisión de los sindicalistas condenados por actuar de piquetes en la última huelga general.
En la carta, las organizaciones sindicales califican de “excesivas y desproporcionadas” las penas interpuestas sobre algunas de estas personas, en muchos casos superiores a los tres años. Creen que es importante evitar su ingreso pues, según apuntan, no han intervenido en ningún acto violento, y se han limitado a ejercer sus derechos constitucionales.
Ambos reclaman al ministro de Justicia iniciativas legislativas que son necesarias para corregir esta situación, que consideran “está cuestionando la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Además, creen que es preciso “se resuelvan las reclamaciones ante el Tribunal Constitucional y los organismos internacionales”. Y, protestan ante la “ausencia de aplicación de las normas penales que aseguran condiciones de trabajo dignas, a pesar de lo que califican como “degradación” del trabajo en la actualidad, y del “fraude en el cumplimiento de la legislación laboral”.
Con esta entrevista pretenden la “revisión” del marco sancionador, y proponer cuantas actuaciones sean necesarias ante instancias constitucionales e internacionales para asegurar la libertad en el ejercicio de la actividad sindical.
En Granada, dos miembros del Movimiento 15M han sido condenados a una pena de tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo del Movimiento 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012.