El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que recurrirá una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, a petición de UPyD, anula el artículo del Reglamento Orgánico Municipal que faculta al alcalde para impedir la grabación de los plenos. La demandante, Maite Olalla, cree que se demuestra que el gobierno local quiere controlar a la ciudadanía. El resto de grupos aplauden la decisión judicial. El resto de los grupos aplauden la decisión judicial.